Estados Unidos anunció hoy que retira a los ex rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista negra de grupos terroristas, de la cual formaba parte desde 1997, determinación que se toma porque "ya no existe como organización unificada".
La decisión se produce poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos.
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"El Departamento de Estado revoca la designación de las FARC como organización terrorista extranjera", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
Agregó que "tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, o con la capacidad o intención de hacerlo".
Esta eliminación de las FARC de la lista negra no modifica la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o previstos contra ex líderes del grupo, sobre todo los sospechosos de narcotráfico, precisó Blinken.
Pero la decisión ayudará a Washington a apoyar la aplicación del acuerdo, por ejemplo, trabajando con excombatientes que depusieron las armas.
Asimismo, el comunicado señaló que ha incluido en la lista de organizaciones terrorista a dos grupos asociados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al grupo Segunda Marquetalia.
Y a los líderes de esos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.
Colombia conmemoró la semana pasada el histórico acuerdo de 2016 que permitió el restablecimiento de la paz y el desarme de la guerrilla marxista de las FARC, tras uno de los conflictos más crueles y largos de América Latina.
En virtud de este acuerdo, las FARC, un movimiento que tomó las armas en la década de 1960, en plena la Guerra Fría, se convirtió en el partido político Comunes, con representación garantizada en el parlamento pero sin demasiada influencia en las urnas.
El texto prevé reformas políticas y agrarias que deben aplicarse antes de 2031.
Aunque el acuerdo redujo considerablemente la violencia, diversos grupos armados operan en el país, incluidos algunos disidentes de las propias FARC.