Una jueza de la Corte Suprema de Nueva York ordenó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagar 2 millones de dólares a obras de caridad por utilizar su fundación con intereses políticos y empresariales, días antes el mandatario mudó su residencia a Florida para no pagar impuestos.
La fiscalía acusó a la Trump Foundation de "persistente conducta ilegal", incluida "una coordinación ilegal con la campaña presidencial de Trump". En diciembre de 2018, Trump aceptó cerrar la fundación pero la demanda siguió adelante en busca de millones de dólares de indemnizaciones y multas.
La jueza Saliann Scarpulla dijo que Trump violó su deber fiduciario con la Fundación Trump al permitir que su campaña planease un evento de recaudación de fondos para caridades de veteranos en los preparativos para las asambleas partidistas republicanas en Iowa en el 2016.
El evento, que pasó dinero a través de la fundación de Trump, fue diseñado “para beneficiar la campaña política del señor Trump”, dijo Scarpulla.
Scarpulla ya había rechazado desestimar un caso iniciado en junio contra Trump, tres de sus hijos y la fundación a su nombre después de que la defensa argumentase que no se puede demandar a un mandatario en funciones en una corte estatal.
La jueza además aprobó unos acuerdos firmados el mes pasado entre los abogados de Trump y la fiscalía general de Nueva York para clausurar la Fundación Trump y distribuir unos 1,7 millones de dólares a otras organizaciones sin fines de lucro.
En los acuerdos, Trump admitió haber malversado fondos de la fundación y aceptó devolver 11 mil 525 dólares en fondos de la organización que él se gastó en recuerdos deportivos y champán en una gala de caridad. Aceptó además las restricciones a su participación en otras organizaciones caritativas.
Los acuerdos también incluyen requisitos de capacitación obligatorios para Donald Trump Jr., Ivanka Trump, y Eric Trump. Finalmente, los asentamientos nombran a las organizaciones benéficas que recibirán los activos restantes de la fundación como parte de su disolución.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la resolución del caso como “una gran victoria en nuestros esfuerzos para proteger bienes caritativos y responsabilizar a quienes abusan de caridades para ganancia personal”.
"La Fundación Trump ha sido cerrada, los fondos que fueron utilizados indebida e ilegalmente están siendo restaurados, el Presidente estará sujeto a la supervisión continua de mi oficina, y los hijos de Trump tuvieron que someterse a una capacitación obligatoria para garantizar que este tipo de actividad ilegal nunca se vuelva a realizar", dijo la fiscal general James. "Nadie está por encima de la ley, ni un empresario, ni un candidato, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”, finalizó
dmr