La nueva ley promulgada en Florida para crear una policía especial para asuntos electorales llevó este martes a organizaciones de derechos civiles a pedir al gobernador Ron DeSantis que "cese de poner barreras para votar".
Caren Short, abogada supervisora de Derechos Electorales del Southern Poverty Law Center, y Michelle Kanter Cohen, directora de políticas y asesora sénior del Centro de Elecciones Justas, manifestaron duras críticas contra la ley que el republicano DeSantis firmó este lunes, lo que, en opinión de la primera, no debería haber hecho sin la aprobación de las autoridades federales.
Las directivas de las dos organizaciones recalcaron que el nuevo grupo de trabajo policial especial para las elecciones creado por esta ley SB 524 tiene como único fin "hacer cumplir las barreras para votar" impuestas en otra ley firmada por DeSantis en 2021, la llamada ley SB 90, que fue impugnada ante la justicia y ya tiene un fallo judicial que califica de "inconstitucionales" varios de sus artículos.
DeSantis, que ha impuesto una agenda ultraconservadora en Florida con ayuda del Congreso estatal, dominado por el Partido Republicano, buscará en las elecciones de noviembre próximo un nuevo mandato y, según diversos analistas, puede ser uno de los aspirantes a la nominación presidencial republicana en 2024.
Según Short, las leyes de EU dicen que "un estado debe buscar la aprobación federal antes de implementar cualquier ley o política que afecte a las organizaciones de registro de votantes de terceros, buzones o ayudar a las personas en las filas de votación", como las que contempla la ley SB 90. La abogada, que hizo hincapié en que Florida tiene una "historia de discriminación racial" en materia de votaciones, hizo un llamado al estado "para que busque autorización previa federal o, mejor aún, cese su último intento de crear barreras para votar".
"Los líderes de Florida deberían hacer que la votación sea más accesible", dijo la directora de políticas y asesora principal del Centro de Elecciones Justas.
"En cambio, están redoblando la intimidación de los votantes y otras barreras para votar y registrar votantes que dificultan que los floridanos hagan oír su voz", subrayó.
Además de promulgar las dos leyes mencionadas, DeSantis, con ayuda del Congreso floridano, cambió recientemente el mapa de distritos electorales con una ley que sus detractores dicen que perjudica a los demócratas y a los votantes afroamericanos.
El 31 de marzo pasado un juez de un tribunal de distrito federal en Florida dictaminó que varias partes de la ley SB 90 relativa al proceso electoral son inconstitucionales y ordenó que su aplicación quedase en suspenso.
Fallo en la ley electoral
DeSantis dijo este lunes que van a dar batalla en la justicia para revertir el fallo del juez Mark Walker. La SB 90 impone nuevas multas y restricciones a las organizaciones de registro de votantes de terceros, establece más barreras para depositar el voto en buzones o para sufragar por correo y crea "un mayor riesgo de más purgas de votantes injustas", según las organizaciones civiles.
Los demandantes de la SB 90, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes de Florida y la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP), LatinoJustice, UnidosUS, Hispanic Federation y Poder Latinx, consideran que esa ley reduce las posibilidades de ejercer el derecho al voto de los floridanos.
En la demanda se alegó que la ley "pasa por alto el derecho al voto, dificulta innecesariamente la votación para todos los floridanos elegibles, sobrecarga indebidamente a los votantes discapacitados y apunta intencionalmente a los votantes minoritarios, todo para mejorar las perspectivas electorales del partido en el poder", escribió Walker. "Habiendo revisado toda la evidencia, este tribunal determina que, en su mayor parte, los demandantes tienen razón", añadió Walker.
Según el fallo, no pueden aplicarse las restricciones previstas en la ley al uso de los buzones de entrega de boletas electorales y a los esfuerzos de registro de votantes de terceros partidos. Los votantes también pueden volver a recibir agua o asistencia si esperan en largas filas, pero el juez Walker no anuló otras partes de la ley que dificultan el voto por correo.
RM