La Suprema Corte de Estados Unidos anuló una ley que regula las clínicas de aborto en Luisiana, en medio de un aumento de intentos en estados conservadores que buscan restringir al máximo la legislación aprobada desde 1973.
Pese a la división de la Superma Corte, el presidente del tribunal, John Roberts, y sus cuatro colegas más liberales dictaminaron que la ley que exige que los médicos que realizan abortos tengan privilegios de admisión en hospitales cercanos viola el derecho a la interrupción del embarazo que la corte anunció por primera vez en el fallo de Roe vs. Wade de 1973.
El resultado no representa la última palabra en la vieja disputa respecto al aborto, dado que docenas de restricciones impuestas por las autoridades de Luisiana están siendo dirimidas por los tribunales.
Pero la decisión fue una inesperada derrota para los opositores al aborto, que creyeron que una nueva mayoría conservadora tras la incorporación de dos magistrados nombrados por el presidente Donald Trump empezaría a socavar el acceso al aborto.
El voto clave perteneció a Roberts, quien siempre había votado en contra del derecho al aborto anteriormente, incluyendo un caso de 2016 en el que la corte derogó una ley de Texas que era prácticamente idéntica a la de Luisiana. El presidente del tribunal explicó que sigue pensando que el caso de Texas se decidió erróneamente, pero que cree importante que la corte respalde sus decisiones anteriores.
¿Qué buscaba hacer Luisiana contra el aborto?
La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.
“El resultado en este caso está controlado por nuestra decisión de hace cuatro años de invalidar una ley de Texas casi idéntica”, escribió Roberts, quien no se sumó a la opinión escrita por el juez Stephen Breyer para los otros magistrados liberales en la decisión del lunes, y su postura dejó a los partidarios del derecho al aborto más aliviados que eufóricos.
El caso es el tercero en dos semanas en que Roberts, designado por el entonces presidente George W. Bush, se une a los liberales para hacer una mayoría en la corte.
Una de las decisiones anteriores preservó las protecciones legales y los permisos de trabajo para 650 mil migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, el DACA. La otra amplió las protecciones federales contra la discriminación laboral que viven estadunidenses que pertenecen a la comunidad LGBT+, un fallo al que el juez Neil Gorsuch también se unió y escribió.
En disenso, el juez Clarence Thomas escribió: “Hoy, la mayoría de la corte perpetúa su jurisprudencia infundada sobre el aborto al abolir una ley estatal perfectamente legítima y hacerlo sin jurisdicción”.
Los dos jueces nominados por Trump a la Corte Suprema, Gorsuch y Brett Kavanaugh, se manifestaron en contra, al igual que Samuel Alito. La presencia de nuevos magistrados es lo que avivó las esperanzas entre opositores al aborto, y temores del otro lado, de que sería más probable que la Corte Suprema ratificara las restricciones.
El veredicto significa que "las clínicas de Luisiana pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado", afirmó en un comunicado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, que defendió a uno de los centros médicos del estado en el litigio.
Si el Supremo hubiera dejado en pie la ley, dos de las tres clínicas que aún practican abortos en Luisiana se habrían visto obligadas a cerrar, y "solo quedaría una, con un único médico" para atender a las mujeres del estado, explicó Northup.
Gobierno de Trump considera "desafortunada" la decisión
El gobierno de Trump ha respaldado a las autoridades de Luisiana al exhortar a la corte a ratificar la ley. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, criticó la decisión.
“En un desafortunado fallo el día de hoy, la Corte Suprema devaluó tanto la salud de las madres como la vida de niños nonatos al anular una política de Luisiana que exige que todos los procedimientos de aborto sean realizados por individuos con privilegios de admisión en un hospital cercano”, subrayó McEnany.
Los defensores del derecho al aborto denunciaron la ley como un intento de "cerrar las clínicas", porque esos derechos de admisión son muy complicados de conseguir y, a su juicio, innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro en términos médicos como la interrupción del embarazo.
"Los estados tienen intereses legítimos en regular cualquier procedimiento médico, incluidos los abortos, para proteger la seguridad del paciente", argumentó la vocera de la Casa Blanca. "En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales, los jueces no elegidos se entrometieron en las prerrogativas soberanas de los gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad del aborto".
dmr