Tras terminar su mandato presidencial en Perú, Alberto Fujimori fue sentenciado por haber cometido graves violaciones de derechos humanos.
Una de ellas estuvo relacionada con una política de esterilización forzada, que, más tarde, fue condenada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por atentar contra los derechos de las mujeres.
Aquí en MILENIO te contamos cómo fue la práctica del gobierno de Fujimori, quiénes son algunas de las víctimas y qué decidió el organismo internacional tras analizar el mayor caso de esterilizaciones forzosas documentado en América Latina y el primero que llega a la CIDH.
Fujimori aplicó una política de esterilización forzada en los 90
El gobierno de Fujimori inició en el año de 1990 y concluyó 10 años después, en el 2000, al inicio de un nuevo siglo. Pero fue a partir de 1996, en los últimos cuatro años de su administración, que aplicó una política de esterilización forzada contra un numeroso grupo de mujeres y hombres.
De acuerdo con registros del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), esto formó parte de un programa de planificación familiar.
Dichas acciones afectaron a más de 300 mil mujeres (y alrededor de 25 mil hombres), quienes aseguraron que fueron engañadas o presionadas para someterse a las esterilizaciones en clínicas sin infraestructura adecuada ni personal capacitado.
Dichos procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza de la situación.
De acuerdo con información de la CEDAW, una víctima de Pichgas, Huánuco, declaró que fue detenida en la calle por practicantes en octubre de 1996. La llevaron junto con otras mujeres al centro médico de La Unión, aproximadamente a dos horas andando de su pueblo.
Ella declaró que era analfabeta y no firmó nada; sin embargo, la sedaron y, cuando despertó, las enfermeras le dijeron: “Ya no tendrás hijos, te hemos curado”.
La mujer indicó que sentía fuertes dolores en el abdomen, pero fue dada de alta inmediatamente y tuvo que regresar andando a su casa sin ningún cuidado postoperatorio. Cuando su esposo descubrió que había sido esterilizada, la abandonó.
Las víctimas alegaron que las prácticas a las que fueron sometidas tuvieron consecuencias graves y permanentes en su salud física y mental.
Celia Ramos y Mamérita Mestanza, las dos víctimas mortales
El caso de las esterilizaciones salió de las manos del gobierno fujimorista cuando una de las víctimas, Celia Edith Ramos Durand, perdió la vida días después de la intervención.
La mujer habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud con la finalidad de convencerla de someterse a una ligadura de trompas, según la denuncia presentada ante la justicia interamericana.
No obstante, sufrió complicaciones médicas durante la operación, por lo que fue trasladada a una clínica de la ciudad de Piura e internada en estado de coma.
En aquel momento, su esposo presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la cirugía, pero el caso fue archivado.
Años después, su hija, Marisela Monzón, quien tenía solo 10 años cuando su madre falleció, llevó su caso a la ONU y pidió conocer la verdad en 2010.
"En mi familia, ya después de casi tres décadas que mamá falleció, esperamos que se conozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia", dijo Marisela Monzón.
Otra de las víctimas fue Mamérita Mestanza, una campesina que también falleció pocos días después de la cirugía, en 1998. El Estado peruano llegó a un acuerdo de solución con la familia de Mestanza, según la CIDH, que trató el caso.
CEDAW falla históricamente contra el Estado peruano
En 2020, cinco víctimas denunciaron de forma conjunta lo que vivieron entre 1996 y 1997. Y pese a que Fujimori siempre negó las acusaciones y las calificó de falsas, en un fallo de 2023, la justicia peruana reconoció que las "esterilizaciones involuntarias fueron una política pública". También ordenó al Estado indemnizar a las víctimas y garantizar su acceso a la salud.
Para 2024, CEDAW aseguró que esta política de esterilización forzada constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas.
En ese momento, las víctimas informaron al Comité que fueron interceptadas y subidas a la fuerza en camiones como ganado a centros de salud temporales donde, como describió una de ellas, “los practicantes médicos estaban afilando cuchillos y nos cortaban como animales”.
El Comité también concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones a los derechos ni de compensar adecuadamente a las víctimas del caso.
Asimismo, hizo un llamado urgente al Estado parte para declarar y ampliar sus investigaciones, proporcionar compensación financiera y apoyo psicológico, y poner en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas.
En ese momento, tres ONG que acompañaron la demanda de la familia de Ramos celebraron el fallo como un "verdadero acto de justicia y reparación" para ella y miles de mujeres peruanas.
CIDH responsabiliza a Perú por esterilización forzada y muerte de Celia Ramos
Años después, el jueves 5 de marzo de 2026, la CIDH declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos en 1997.
"Para nosotras, esta sentencia significa haber logrado la justicia", dijo su hija Marisela Monzón en conferencia de prensa más tarde.
El tribunal también ordenó que el Estado impulse la investigación, la cual lleva dos décadas en la justicia peruana sin avances, para aclarar la muerte de Ramos y sancionar a los responsables.
"Yo no tengo recuerdos de mi mamá, es algo que desde niña se me quitó", expresó Marcia Monzón, de 34 años, otra de las hijas de Ramos. Dijo que el proceso significó una "lucha constante".
La abogada María Cedano, de la ONG feminista Demus y que representó a los familiares, dijo a la AFP que se trata "del primer caso de esterilizaciones forzadas que resuelve la Corte Interamericana".
Con información de AFP
EHR