Desde Estados Unidos, familiares de los fallecidos en el incendio de una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez presionan a autoridades mexicanas para que les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos.
Según Alba González, prima hermana de uno de los cuarenta migrantes fallecidos “las autoridades mexicanas no responden” ante las peticiones de los familiares.
González y sus familiares que viven en Los Ángeles, California, permanecen desde el martes de la semana pasada en los procesos para repatriar el cuerpo del joven.
González cuenta que su familia presentó en Guatemala todos los documentos requeridos para la repatriación a lo que las autoridades de su país respondieron que se comunicarían con ella, pero ya han pasado varios días y no ha escuchado noticia alguna.
“El silencio es una forma de ignorarnos”, valora González. La joven tampoco ha logrado que le respondan las autoridades mexicanas. “Es mucha frustración y mucho dolor”, comenta.
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La familia de Orlando pide respuestas desde Florida
El hermano de Orlando José Maldonado Pérez, quien a sus 26 años también falleció en el incendio, no ha podido continuar con el proceso aunque se encuentra en Florida.
Aunque éste ya está en Estados Unidos, su condición de recien llegado no le ha permitido avanzar en sus reclamos.
“Pido al Gobierno de México que nos devuelva el cuerpo de nuestro hermano para darle sepultura, que nos informen sobre lo que está pasando”, dijo Oraydee Mileyvi Maldonado Pérez, hermana mayor del fallecido, que ha tomado la vocería de la familia.
Cuenta que es poca o casi nula la información que ha recibido de las autoridades mexicanas, y tampoco ha recibido apoyo de las autoridades de su país.
A Maldonado Pérez le gustaría viajar a México a recoger los restos de su hermano y ver de cerca qué pasó en el centro de detención del INM, pero no puede porque necesita una visa. Tampoco tiene recursos económicos.
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Un llamado desde Estados Unidos
En similar situación está la colombiana Laura Soto, quien vive en Estados Unidos que ingresó al país en septiembre pasado con su novio, Julián David Villamil Arévalo, también colombiano.
A ella le permitieron quedarse pero a él lo enviaron de regreso a su país bajo el Título 42, que permite expulsar a los migrantes por razones sanitarias.
Villamil viajó nuevamente a México en febrero para cruzar la frontera y reencontrarse con su novia. Estaba esperando la oportunidad cuando lo detuvieron poco antes de que se desatara el incendio. Se convirtió en la única víctima colombiana en morir en el siniestro.
El mayor deseo de Soto es poder obtener un permiso humanitario para viajar a Ciudad Juárez y después regresar a Estados Unidos y continuar su proceso de asilo. Hasta el momento no se ha podido, según dijo la joven.
La falta de información y la confusión han obligado a varias familias a buscar el respaldo de organizaciones defensoras de los migrantes en Estados Unidos, como Comunidades Indígenas en Liderazgo (Cielo), que ha recibido varias solicitudes.
Odilia Romero, directora de Cielo y quien ha encabezado los esfuerzos, considera que la tarea “ha sido muy difícil”.
“Desde Estados Unidos seguiremos presionando para que se escuche a las familias y se les otorgue a las víctimas el respeto que se merecen”, concluyó Romero.
Entre los muertos hay 6 hondureños, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 18 guatemaltecos y un colombiano. Se cree que la mayoría de migrantes de este último grupo son indígenas. De una víctima fatal más aún se desconoce la nacionalidad.
aag