La cancillería de Estados Unidos rechazó una serie de cartas presentadas por el gobierno mexicano a la empresa privada que opera los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras los fallecimientos de mexicanos en estos sitios.
La misiva fue rechazada bajo el argumento de que México busca dirigir acciones de funcionarios norteamericanos en su propio territorio.
En un mensaje emitido por la cuenta del Buró de Asuntos del Hemisferio Este del Departamento de Estado, se detalló que el embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lazzeri, se reunió con el titular de dicha oficina en Washington, donde el diplomático presentó la cartas que fueron regresadas por el mismo conducto.
“El oficial senior del Buró de Asuntos del Hemisferio Este del Departamento de Estado, Michael Kozak, se reunió con el embajador mexicano Roberto Lazzeri hoy en Washington. El SBO Kozak regresó las cartas de México que buscaban dirigir las acciones de personal del gobierno estadunidense que opera en territorio soberano”, se detalla en el mensaje en redes sociales.
De acuerdo con la comunicación, el funcionario del Departamento de Estado recomendó al embajador de México
utilizar la vía diplomáticapara presentar tales documentos.
“El SBO Kozak también recomendó a México que comparta sus preocupaciones a través de los canales diplomáticos como es costumbre”, apunta el mensaje.
En la misiva, precisa que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado para informar sobre las muertes de connacionales en centros y en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y solicitar que se recabe información de las autoridades de ese país.
También se detalla que se pidió analizar la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, formular las recomendaciones correspondientes y transmitir el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
Esta semana el embajador Lazzeri sostuvo una serie de encuentros en Washington por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para atender preocupaciones en materia migratoria y proteger a la comunidad migrante en los Estados Unidos, a raíz de hechos violentos que, entre otras cosas, han dejado víctimas mortales a manos de autoridades estadunidenses.
“Esta semana, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein y del Canciller @r_velascoa, la Subsecretaria para América del Norte de la @SRE_mx, @cristinaplanter, y yo desarrollamos una intensa agenda en Washington D.C. para atender las preocupaciones de México en materia migratoria y fortalecer la protección de las y los mexicanos en Estados Unidos”, dio a conocer el embajador en sus redes sociales.
México toma nota de la devolución de carta; Diputados se suma a la petición
México tomó nota de la devolución que hizo el gobierno de Estados Unidos "y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE".
“En el encuentro, el embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo.
“La carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos”, expuso la embajada de México en Estados Unidos.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, remitió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, una carta en la que informa que dicha cámara se suma formalmente al requerimiento presentado por la cancillería.
“Esta Cámara solicita respetuosamente a la Oficina del Alto Comisionado que, dentro del ámbito de su mandato, dé seguimiento a estos hechos, incluyendo la formulación de recomendaciones orientadas a prevenir nuevas violaciones, garantizar la rendición de cuentas y proteger los derechos de las víctimas y sus familiares”, expuso Monreal en un comunicado.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena añadió que la protección de las personas migrantes requiere coordinación entre Estados, organismos internacionales, autoridades consulares y mecanismos de derechos humanos.
Monreal Ávila destacó que la defensa de las personas mexicanas en el exterior constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano y un deber compartido por sus instituciones.
“Frente a la pérdida de vidas humanas, a las denuncias de uso excesivo de la fuerza y a las posibles vulneraciones de derechos humanos, guardar silencio o permanecer indiferente no es una opción”.
Confió en que la Oficina a cargo de Volker Türk y los mecanismos especializados del Sistema Universal de Derechos Humanos, dentro del ámbito de sus respectivos mandatos, contribuirán al esclarecimiento de los hechos, a la determinación de responsabilidades, a la adopción de medidas de no repetición y a la protección efectiva de las víctimas y sus familias.
Añadió que se dirigió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de poner en conocimiento de la Oficina a su cargo “una situación que genera profunda preocupación por sus implicaciones directas en los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el patrimonio, el debido proceso y la protección consular de personas mexicanas en Estados Unidos”.
Recordó que al menos 18 personas mexicanas han perdido la vida en hechos relacionados con la actuación del ICE: 14 mientras se encontraban en centros de detención migratoria y cuatro durante operativos de aseguramiento.
Resaltó que la información disponible y diversos testimonios dan cuenta de detenciones realizadas mediante operativos sorpresivos, con agentes fuertemente armados, encubiertos o sin una identificación fácilmente reconocible, separación abrupta de personas de sus familias, dificultades para conocer oportunamente su paradero, traslado a centros alejados de sus lugares de residencia y obstáculos para mantener comunicación con sus familiares y representantes legales.
EHR