Luego de que la Eurocámara anunciara su decisión de retirar la inmunidad al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont, actual europarlamentario, el gobierno de España aseguró que la medida lanza un mensaje de apoyo al estado de derecho y la justicia ibérica.
La presidencia española reaccionó de inmediato y publicó una declaración de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en la que señaló que la decisión europea lanza un triple mensaje.
En primer lugar, que “un eurodiputado no puede prevalerse de su condición para protegerse de comparecer ante justicias nacionales por posibles violaciones de legislaciones nacionales”, indicó.
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En segundo lugar, consideró la ministra, se envía un mensaje de “solidez del estado de derecho de España, de respeto al trabajo de la justicia española”. Por último, subrayó, “que los problemas de Cataluña se resuelven en España, no en Europa”.
“Esta es la línea que ha venido manteniendo el gobierno, tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña, a través del diálogo y la negociación”, declaró González Laya.
Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo de España, concretamente en el juez Pablo Llarena. Hace un año, el instructor puso en marcha este procedimiento para retirar la inmunidad de los fugados, tras haber declarado la independencia de Cataluña de forma inconstitucional en el 2017, pero la decisión en ningún caso implica su entrega automática a las autoridades españolas.
El proceso de entrega de Puigdemont se seguirá tramitando en los juzgados belgas, pero ahora con la garantía de que no están protegidos por la inmunidad de su escaño en el Parlamento Europeo.
En este sentido, los antecedentes tampoco son muy halagüeños para la justicia española. Los tribunales belgas han rechazado recientemente la extradición del ex conseller catalán Lluís Puig, al entender que Llarena y el Supremo no son competentes para solicitar la entrega.
Esto ha provocado la apertura de una nueva vía en Madrid: el juez preguntó a la Fiscalía y Abogacía del Estado si deben elevar una cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el choque frontal entre lo dicho por el Supremo y por los tribunales belgas.
Carles Puigdemont abandonó España en 2017 luego de haber proclamado la independencia inconstitucional de Cataluña. Posteriormente fue detenido en Alemania y después se marchó a Bélgica, donde se hizo eurodiputado por el partido Juntos por Cataluña, lo que le dio automáticamente inmunidad parlamentaria, misma que perderá en breve tras la votación del Parlamento Europeo de 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones. Un resultado que permitirá reactivar las euroórdenes en su contra.
ROA