A tan solo dos meses de las elecciones en las que el primer ministro Mark Rutte buscará la reelección, el gobierno de Países Bajos dimitió en bloque este viernes acechado por un escándalo de ayudas sociales a unas 26 mil familias con hijos, que fueron acusadas de fraude, sin fundamento, lo que las dejó en la ruina en muchos casos.
Esta es la segunda vez que Rutte se ve obligado a presentar su dimisión como jefe de un gobierno. En 2012, tras perder el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante sus medidas de austeridad, renunció al cargo para volver a convocar elecciones en las que salió ganador y logró formar una coalición con los socialdemócratas, a los que también salpicó esta polémica al haber estado en el gobierno que dirigía el país hasta 2017, en pleno escándalo.
Pero el político liberal confirmó que continuará al frente de su partido como cabeza de listas para las elecciones del 17 de marzo y buscará su cuarta reelección, tal y como auguran también las encuestas, que de momento le dan incluso más escaños de los que tiene ahora.
Aún no está claro cómo afectará la dimisión a su imagen como jefe de gobierno, aunque este paso se entiende como simbólico por el poco tiempo que quedaba de legislatura, y los analistas creen que el próximo gobierno tendrá que gestionar las consecuencias de este escándalo porque el problema de fondo sigue ahí, en la Administración de Impuestos, y faltan casos y datos por sacar a la luz.
¿Por qué es el mayor escándalo político de Holanda?
Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de falsas acusaciones de fraude de la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver a Hacienda cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100 mil euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa, su trabajo o a endeudarse por ello.
Los primeros casos se remontan a 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a enviar misivas a los padres comunicando la retirada de las ayudas que recibían para pagar la guardería de sus hijos, y les acusaron de fraude fiscal, pidiéndoles justificar el gasto y su situación financiera con recibos, facturas de pago a las niñeras y contratos de trabajo.
Las acusaciones se hicieron al parecer sin fundamento alguno, y la agencia tributaria tampoco daba explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que principalmente familias con origen extranjero habían sido objetivo de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.
La práctica continuó durante años, incluso hasta estos días. Diferentes investigadores, también periodistas y diputados a los que la propia Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas, lo ven como un caso claro de “sesgo institucional”.
La abogada Eva González Pérez, de origen español, fue quien dio la voz de alarma en 2014, años antes de que el caso estallara en la prensa nacional. Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que se vio directamente afectada por la retirada de subvenciones a esos padres, sus clientes, que pagan con las ayudas estatales su asistencia.
“Todas las familias tienen orígenes migratorios. Esto es un problema moral por muchas cuestiones. Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tu puedes demostrar que sí tienes derecho, no te puede quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”, explicó
Como abogada social, decidió ayudar al primer grupo de padres, que recurrieron a ella desesperados porque, por más que enviaban documentos de respaldo de sus gastos y justificaban su necesidad de recibir esta subvención, las autoridades fiscales mantenían bloqueada la asignación, a veces manteniéndolos en espera durante años, y en otras les pedían devolver lo recibido en plazos de tiempo insostenibles.
Se encontró con un muro infranqueable al enfrentarse a Hacienda. El rechazo de las autoridades fiscales a dar explicaciones y a resolver los casos hizo que recurriera a tribunales, políticos, periodistas, la Agencia de Protección de Datos y las defensorías del Niño y del Pueblo, que publicaron informes críticos con la administración y el gobierno.
El caso estalló públicamente en septiembre de 2018, llevándose por delante al secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, entre acusaciones de discriminación racial.
González lamenta que “en veinte años de carrera, nunca había visto algo así, ni había ido contra Hacienda” porque su especialidad era el derecho laboral y de la seguridad social. Ni siquiera empezó su caso alegando discriminación racial, sino errores de procedimiento que dejaron “a toda esa gente sin poder pagar sus facturas” y el juez le dio la razón a decenas de victimas que ahora, mezclándose con otros casos, suman ya 26.000 personas.
Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido. Aunque el gobierno neerlandés decidió compensar su sufrimiento con 30 mil euros y prometió buscar soluciones a los padres que lo han perdido todo, varias familias han decidido denunciar ante el Tribunal Supremo a cinco miembros del ejecutivo.
Un comité establecido para investigar lo ocurrido concluyó que hubo un “trato institucionalmente sesgado” por Hacienda, que gestionó las prestaciones como un “proceso masivo”, haciendo que los padres no recibieran la protección necesaria “violando así los principios fundamentales del Estado de derecho”, y la Agencia de Protección de Datos elevó el método de trabajo de Hacienda a “ilegal, discriminatorio e inadecuado”.
Rutte reconoce discriminación a familias
La afirmación que más han repetido los ministros salientes para justificar la dimisión es la necesidad de todos de “asumir toda la responsabilidad por la violación de los principios fundamentales del Estado de derecho”, aunque también creen necesario indemnizar lo antes posible a todas las víctimas por el daño causado.
Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas” cuando se acusó a miles de familias de haber defraudado a la Agencia Tributaria, sin argumentos ni fundamentos, y consideró que el informe que resultó de la investigación de un comité parlamentario es “duro, pero justo” para las dimensiones del escándalo.
Al igual que sus ministros, el todavía jefe del gobierno considera que las cosas "se hicieron terriblemente mal” y reconoció que "el Parlamento recibió información incorrecta e incompleta" durante estos años en los que los diputados estuvieron registrando preguntas sobre este escándalo, encontrándose con una falta de transparencia por parte del ejecutivo.
Añadió que "esto no puede y no debe volver a salir mal" y lamentó que "el gobierno no haya cumplido con sus propios altos estándares", lo que supone un "fracaso sistémico que no puede quedar sin consecuencias", según concluyeron de forma "completamente unánime" los cuatro partidos de la coalición.
Ya se realizan investigaciones e indemnizaciones
El jefe del gobierno anunció que los padres que han sido discriminados tienen derecho a una compensación adicional, que en diciembre había establecido en 30 mil euros, y anunció que establecerá una comisión estatal para que investigue la discriminación y el racismo por parte de las instituciones, y el papel que eso ha jugado en lo ocurrido.
Después de la rueda de prensa en la que anunció su dimisión, Rutte salió de su oficina en bicicleta para dirigirse al Palacio Huis ten Bosch, donde presentó la dimisión del gabinete. De camino a su encuentro con el rey Guillermo Alejandro, tuvo que esquivar, con ayuda de policías montados a caballo, a un grupo de manifestantes que le esperaban a la salida.
El ministro de Finanzas, Wopke Hoesktra, subrayó que “la renuncia del gobierno está justificada y es inevitable para el CDA (el partido democristiano al que representa en la coalición y que liderará en las elecciones de marzo) debido al sufrimiento y la injusticia sin precedentes que se ha cometido contra miles de familias” y subrayó el “deber de compensar rápida y totalmente a los padres”.
Por su parte, el ministro de Economía, Eric Wiebes, confirmó que será el único miembro del gobierno que dimite con efecto inmediato y no seguirá en funciones como el resto del gabinete, que se quedará gestionando la pandemia y un país en confinamiento, con toda la actividad no esencial cerrada hasta el 9 de febrero.
“Me siento muy responsable, he estado lidiando con esto durante mucho tiempo y ya no puedo más. He estado pensando mucho en qué podría haber hecho mejor, pero no he podido concluir qué… y eso solo lo hace todo aún más triste”, explicó Wiebes.
La dimisión parecía inminente desde hace varios días entre los cuatro partidos que forman la coalición, pero, según RTL Nieuws, mientras todos los socios apostaban por dimitir, Rutte se resistía a dar el paso y solo las amenazas de los otros partidos a retirarle su apoyo en el Parlamento le hicieron ceder hoy.
dmr