Las autoridades españolas llevan a cabo una operación para intervenir numerosos bienes propiedad de más de cincuenta personas condenadas por diferentes delitos de terrorismo relacionados con ETA.
El objetivo sería que esos bienes sirvieran para el eventual pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo etarra.
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Según informó el Ministerio del Interior, se trata de condenados tanto por atentados terroristas como por acciones de violencia callejera que tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, y que ascenderían a más de 8 millones de euros.
En el marco de esta operación, denominada "Zerga" (impuesto en idioma vasco) han sido embargadas más de 45 cuentas bancarias y se han identificado catorce propiedades inmobiliarias pertenecientes a los condenados.
En declaraciones desde Mallorca (islas Baleares), el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que esa operación, que impulsan la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, demuestra la continuidad en la lucha antiterrorista a la que se ha comprometido el gobierno tras el anuncio de disolución de ETA.
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El pasado 3 de mayo, la banda terrorista anunció en un comunicado el "final de su trayectoria" y el "desmantelamiento" total "del conjunto de sus estructuras", después de más de medio siglo de acciones armadas en las que causó más de 850 muertos y practicó la extorsión y los secuestros.
Zoido subrayó que las intervenciones de bienes permitirán asegurar el resarcimiento de sus víctimas en aplicación de las sentencias judiciales.
Aparte de inmuebles, se están interviniendo vehículos pertenecientes a miembros de ETA condenados por los tribunales y se han embargado diferentes cuentas bancarias.
gcc