El ex presidente de España Mariano Rajoy y sus ex ministros de Economía e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, están siendo investigados en Andorra debido a una denuncia por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental tras la presión de la policía a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información secreta del ex presidente catalán Artur Mas, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Oriol Junqueras o la familia Pujol, encabezada por el también ex presidente de Cataluña Jordi Pujol.
La imputación de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz deriva -según la prensa española- de una querella, admitida a trámite en 2020, que presentaron el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, el colectivo de juristas Drets y el expresidente de BPA, Higini Cierco, por la llamada Operación Cataluña e incluye como investigado al ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez y al ex director de la Policía Ignacio Cosidó.
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La jueza de instrucción número 2 de Andorra, Stephanie García, remitió comisiones rogatorias para notificar la querella a los denunciados y les da 15 días para que designen representación letrada, advirtiéndoles que de no hacerlo se les nombrará uno de oficio.
La denuncia sostiene que el gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid si no facilitaban la información exigida.
Según los querellantes, el gobierno de Rajoy envió supuestamente información falsa sobre BPA a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos, al tiempo que “intimidaba” al Gobierno andorrano y a sus ministros en una visita oficial al Principado en enero de 2015, para precipitar el cierre de la entidad.
La comisión rogatoria es el vehículo de cooperación entre autoridades judiciales de distintos países. La magistrada andorrana solicitó la ayuda de la justicia española para que localice a Rajoy y al resto de querellados, les comunique que se encuentran investigados por hasta media docena de delitos del Código Penal andorrano y les requiera para que designen un abogado en el principado. Si no lo hacen en 15 días, agrega la jueza, se les asignará un letrado de oficio.
La magistrada también deja la puerta abierta a enviar otra comisión rogatoria una vez completada la enviada el pasado 20 de mayo para concretar la declaración judicial de los investigados.
LCR