Doce políticos y activistas catalanes fueron condenados el lunes por cargos de sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, por su papel en el intento fallido e ilegal de independizar a la región nororiental de España en 2017.
El ex vicepresidente regional Oriol Junqueras recibió la condena más alta, 13 años de cárcel por sedición. Otras ocho personas, incluidos ex miembros del gobierno catalán, la ex presidenta del parlamento regional y dos líderes de movimientos civiles separatistas, recibieron penas de entre nueve y 12 años de prisión. Otras tres personas fueron multadas pero no condenadas a prisión.
El juicio está considerado como el más importante en el país desde la restauración de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Las repercusiones políticas y sociales del veredicto prometían ser profundas y duraderas.
¿De qué trataba el juicio?
En octubre de 2017, los líderes independentistas catalanes intentaron separar a la región del resto de España y crear un nuevo estado europeo declarando la independencia.
Su intento fracasó al no conseguir reconocimiento internacional. El gobierno español intervino su autonomía y destituyó al gobierno regional.
Los líderes separatistas condenados el lunes fueron detenidos, mientras que otros huyeron del país.
El juicio
El juicio a los doce líderes que se quedaron en España tuvo más de 500 testigos, incluido el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, y 50 sesiones judiciales televisadas a nivel nacional.
La clave del juicio era el referendo del 1 de octubre de 2017, celebrado por el gobierno catalán a pesar de la orden del máximo tribunal del país, que lo declaró anticonstitucional. El gobierno envió miles de policías adicionales a la región, que chocaron con los votantes en un día que los separatistas han prometido no olvidar nunca.
La mayoría de los catalanes que no quieren cortar sus lazos centenarios con el resto de España se quedaron en casa, y el voto a favor de la independencia salió vencedor. El parlamento catalán declaró la independencia el 27 de octubre, desencadenando la peor crisis política en España en décadas.
La fiscalía alegaba que los líderes independentistas incumplieron la Constitución y amenazaron la integridad territorial del país. Por su parte, la defensa argumentó que los acusados estaban cumpliendo la voluntad de los catalanes independentistas, que según los sondeos suponen en torno a la mitad de los 7.5 millones de habitantes de Cataluña.
Impacto social
Los líderes encarcelados se han convertido en un símbolo poderoso para los separatistas, que consideraban injusto su encarcelamiento durante casi dos años. Muchos simpatizantes llevan lazos amarillos prendidos en la ropa como gesto de protesta.
Los separatistas catalanes llevan años celebrando manifestaciones en su mayoría pacíficas, que pueden reunir a cientos de miles de personas. Más recientemente, los activistas más radicales han cortado calles y vías de ferrocarril y chocado con la policía.
Siete independentistas están siendo investigados tras su detención en septiembre por sospechas de que preparaban explosivos.
Los separatistas intentarán sin duda utilizar el veredicto como un argumento para su causa.
jamj