El controvertido proyecto de ley británico de mercado interno, que modifica disposiciones del acuerdo de Brexit, recibió el lunes una primera aprobación parlamentaria, a pesar de la rebelión de algunos diputados conservadores contra esta violación asumida del derecho internacional que enfurece la Unión Europea, aunque todavía se enfrentará a nuevos obstáculos.
Con el apoyo de 340 diputados y el rechazo de 263, el primer ministro, Boris Johnson, hizo valer la amplia mayoría absoluta con la que cuenta en la Cámara de los Comunes, pero no consiguió frenar el coro de voces cada vez mayor dentro de su propio partido que denuncia que el proyecto de ley viola el derecho internacional.
Johnson justificó esta polémica medida por la "extraordinaria amenaza" que, según él afirma y responsables europeos niegan, ha blandido la Unión Europea en caso de fracaso de las negociaciones comerciales post-Brexit.
"Amenazan con imponer fronteras aduaneras a través de nuestro propio país" entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte "y dividir nuestras propias tierras", lanzó ante la Cámara de los Comunes al abrir los debates del "proyecto de ley de mercado interno" que en su primera votación fue aprobado.
La verdadera prueba para la ley llegará la semana que viene, cuando está previsto que se voten las enmiendas a las provisiones sobre Irlanda del Norte, origen de la vulneración de lo acordado con la Unión Europea.
La Cámara también echó abajo una enmienda del Partido Laborista a la totalidad del texto, por 349 a 213, dada la inferioridad numérica de la oposición y el deseo de los rebeldes conservadores de tomar las cosas en mano en los próximos días.
Aprovechando una armonización post-Brexit del comercio entre las cuatro naciones del Reino Unido, este texto modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte previstos por el acuerdo de divorcio con el eurogrupo.
¿Por qué Reino Unido quiere poner tarifas en la frontera entre ambas Irlandas?
El gobierno británico presentó el miércoles al Parlamento un proyecto de ley que contradice en parte el acuerdo ya firmado que enmarca su salida de la Unión Europea, lo cual viola el derecho internacional, según reconoció el propio primer ministro.
Tras la salida la formal del Reino Unido del eurogrupo el 31 de enero pasado, los británicos y la Unión Europea emprendieron negociaciones sobre su futura relación comercial, que están estancadas desde hace meses, y deberían comenzar a aplicarse a partir del próximo enero.
El polémico proyecto de ley de mercado interno busca aprovecha una armonización post-brexit del comercio entre las cuatro naciones del Reino Unido para modificar la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte previstos por el acuerdo de divorcio con la Unión Europea. Las autoridades europeas, con Dublín a la cabeza, denunciaron los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad.
El sábado, Johnson defendió su intención de incumplir parcialmente el acuerdo de Brexit frente a la "amenaza" de que la Unión Europea establezca un "bloqueo" alimentario en Irlanda del Norte, peligroso para la "paz" y la "unidad" del Reino Unido, y llamó a los parlamentarios a defender la "integridad", la "soberanía" y las "libertades" del país pese a tener para ello que violar el derecho internacional.
En el Brexit se prevé un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda. Su objetivo es preservar la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas republicanos.
La negociación comercial, en peligro
Los cinco ex primeros ministros británicos vivos: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May se declararon contra una medida que dañaría la reputación del país e incomoda a muchos legisladores del Partido Conservador de Johnson. El Palacio de Westminster rememora así los tiempos de la insurrección conservadora contra el gobierno por el acuerdo de divorcio con Bruselas.
Pero la situación ahora es diferente: Johnson tiene una aplastante mayoría de 364 escaños que le permite perder hasta 40 votos en sus filas sin despeinarse.
Varios legisladores conservadores expresaron su rechazo, desde el ex fiscal general Geoffrey Cox hasta el ex ministro de Finanzas e Interior Sajid Javid, pasando por el diputado Rehman Chishti, que dimitió como enviado especial de Johnson para la libertad de religión.
Y más de cien pidieron intervenir en el debate del lunes, pese a que la cámara estaba casi vacía debido al covid-19 y la sesión careció de la pasión y los gritos que caracterizaron los agitados intercambios de años pasados.
Violar el derecho internacional es "una acción que debería tomarse en extremis no de forma preventiva", lanzó el diputado conservador Ben Spencer, señalando la "dificultad después para sancionar a China y Rusia" si no respetan las reglas internacionales.
El momento álgido de los debates llegará en próximo lunes, cuando el líder de la rebelión conservadora, Bob Neill, presente una enmienda que busca quitar la última palabra sobre Irlanda del Norte al gobierno para dársela al parlamento. Habrá que ver entonces cuántos rebeldes conservadores se adhieren a ella.
Sin una "salvaguarda" adicional, sostuvo, Bruselas podría llegar a bloquear el comercio entre esa región británica y el resto del Reino Unido en caso de un Brexit abrupto al término de este año. Para tratar de evitar una revuelta en sus propias filas, Johnson se comprometió a consultar al Parlamento en el futuro antes de ejercer los derechos que le ofrecerá la Ley de Mercado Interno.
Estancadas desde haces meses, las conversaciones, que se reanudan este martes en Bruselas, se ven ahora más amenazadas y más cerca de desembocar en una ruptura brutal en diciembre.
dmr