La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó ayer al Ejército de Israel a evitar que se cometa un genocidio en la Franja de Gaza, pero no solicitó el fin de la campaña militar emprendida por Israel tras los brutales atentados islamistas en su territorio el 7 de octubre tal como reclamaba Pretoria. La Corte global se pronunció así sobre uno de los casos más importantes de su historia: la demanda de Sudáfrica a Israel por presunto genocidio en su operación en Gaza.
La jueza Joan Donoghue, que se encargó de leer el veredicto, subrayó la «magnitud de la tragedia humana» que se desarrolla en la región. Según los datos que maneja la ONU, durante estos tres meses y medio de guerra, han muerto más de 25.000 palestinos en la Franja; otros 63.000 están heridos y un total de 1,7 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza.
Uno de los triunfos para Sudáfrica es la confirmación de que la Corte no desestimará el caso sobre genocidio, como pedía Tel Aviv, alegando que algunas «acusaciones contra Israel recaen dentro de las disposiciones de la Convención sobre Genocidio».
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La Corte emitió, por 15 votos frente a dos, una orden provisional según la cual el Ejército israelí debe abstenerse de llevar a cabo actos que pudieran conducir a un genocidio, pero no llegó a exigir que se detenga la guerra. El fallo es de gran importancia por varias razones: acusa razones para investigar un posible delito de genocidio cometido por Israel y reafirma su jurisprudencia para investigarlo en tanto que existe una disputa entre demandante y demandado.
Además, exige al Estado hebreo que tome «todas las medidas en su poder» y con «efecto inmediato» para prevenir los delitos enmarcados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Entre las otras medidas provisionales acordadas, destacan las exigencias para aliviar la situación humanitaria de la Franja y condena a todos aquellos actores que inciten al genocidio. Donoghue se hizo eco de las llamadas de varios miembros del Gobierno israelí a eliminar «Gaza de la faz de la tierra», la definición de algunas voces de los palestinos como «animales hu manos» o los mensajes lanzados por quienes aseguraron que no recibirían «ni una gota de agua» hasta que abandonasen las tierras.
«Existe un vínculo entre los derechos reclamados por Sudáfrica que el tribunal ha considerado plausibles», afirmó Donoghue, que reconoció el derecho de los palestinos en Gaza a ser protegidos y que instó a Israel a enviar en un mes un informe detallado con las medidas que toma para prevenirlo.
La Haya se pronunció así sobre las medidas cautelares y urgentes que demandaba Sudáfrica. A la salida de la lectura del veredicto, la ministra de Asuntos Exteriores de este país reconoció que le habría gustado que la Corte pidiera de forma explícita un alto al fuego.
Pretoria estima que Israel ha violado la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948. El genocidio es el padre de todos los crímenes de la humanidad y, de hecho, la ONU nunca lo ha declarado. «Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la convención al cometer acciones que entran dentro de la definición de genocidio. Las acciones muestran patrones sistemáticos de conducta de los que se puede inferir genocidio», afirmó durante las audiencias previas Adila Hassim, representante de Sudáfrica. «Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel», se defendió por su parte el abogado israelí Tal Becker.
El caso de fondo llevará años. El tribunal tiene jurisprudencia sobre los Estados firmantes, pero no sobre actores no estatales como Hamas. Sus resoluciones son vinculantes, pero la Corte no tiene ningún mecanismo para hacer que se cumplan. Por ejemplo, en marzo de 2022 emitió un fallo que obligaba a Rusia a detener su invasión en Ucrania. Sin embargo, dos años después la guerra de agresión del régimen de Putin continúa su curso sin visos de dejar las armas.
Este caso ha provocado muchos nervios en los despachos de Tel Aviv, conscientes de que el dictamen negativo supone una sacudida a la imagen internacional del país y pone contra las cuerdas a aliados como Estados Unidos o la Unión Europea.
Uno de los primeros líderes internacionales en reaccionar ayer fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que a través de la red X pidió a «las partes que apliquen las medidas provisionales decretadas».
«Seguiremos defendiendo la paz y el fin de la guerra, la liberación de los rehenes, el acceso a la ayuda humanitaria y el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, para que ambas naciones coexistan en paz y con seguridad», afirmó.
Por su parte, la Unión Europea reafirmó su «apoyo» al Tribunal Internacional de Justicia. «Las órdenes de la Corte son vinculantes y las partes deben cumplirlas. Esperamos su aplicación plena, inmediata y efectiva», afirmó la Comisión a través de un comunicado conjunto con Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores.