Un grupo de grandes empresas farmacéuticas llegaron a un acuerdo tentativo para poner fin a una demanda sobre acusaciones de que permitieron una distribución desmesurada de opioides en Estados Unidos, justo cuando iba a comenzar el lunes el primer juicio federal sobre el tema, informó el abogado de uno de los gobiernos locales que demandaron a la industria.
El acuerdo, cuyos detalles serán divulgados más tarde, pone fin a las demandas de gobiernos locales y estatales contra las distribuidoras AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKessen, además de la compañía manufacturera Teva.
Tras el acuerdo logrado por cinco empresas fabricantes, entre ellas Johnson & Johnson, era evidente que lo que faltaba era el desenlace relativo a los distribuidores. Para el lunes estaba programada la sesión en un tribunal federal en Cleveland, relativa a la demanda presentada por dos condados de Ohio: Cuyahoga y Summit.
No queda claro si la sesión se realizaría con respecto a las dos empresas que quedan: la distribuidora Henry Schein y la cadena de farmacias Walgreens. Había tantos abogados, periodistas y espectadores en el lugar que horas antes del inicio de la sesión a las 8:00 horas ya llenaban el tribunal y dos salones adyacentes.
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El acuerdo fue publicado inicialmente por The Wall Street Journal y Paul Hanly, el principal abogado que representa a los gobiernos locales, se lo confirmó a la agencia The Associated Press (AP).
El juicio surgió es emblemático debido a los miles de pleitos legales presentados contra empresas vinculadas a los opiáceos por parte de gobiernos estatales y locales, tribus autóctonas, hospitales y otras entidades.
Según la demanda, las empresas ignoraron el requerimiento de detener el envío de sustancias controladas cuando había sospecha de que la cantidad era excesiva.
Cifras oficiales divulgadas a raíz del litigio indican que 76 mil millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona fueron despachadas a farmacias en Estados Unidos entre el 2006 y el 2012, y que los envíos continuaron incluso después de que el gobierno le advirtió a las compañías sobre el incremento en el uso inapropiado de esos medicamentos.
Un análisis de la agencia AP halló que en el 2012, se vendieron tantos analgésicos potentes en Estados Unidos que la cantidad equivalía a darle una reserva de 20 días para todo hombre, mujer y niño del país.
Las demandas aseveran además que las empresas promovían los medicamentos inapropiadamente a los profesionales médicos, exagerando las ventajas y minimizando las desventajas de sustancias que desde hace siglos son notorios por su capacidad adictiva.
dmr