El FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, según informó el miércoles la fiscal general estadunidense, Pam Bondi.
"A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI llevaron a cabo un registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y divulgada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en X.
El Washington Post había anunciado previamente el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson, durante el cual las autoridades "se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj".
Natanson cubre la transformación del gobierno federal bajo la administración de Trump y recientemente publicó un artículo describiendo cómo consiguió cientos de nuevas fuentes, lo que llevó a un colega a llamarla “la susurradora del gobierno federal”.
Aunque las investigaciones sobre documentos clasificados no son inusuales, el registro de la casa de una reportera marca una escalada en los esfuerzos del gobierno para reprimir las filtraciones.
La secretaria de Justicia Pam Bondi declaró que el registro se realizó a petición del Pentágono.
La administración del presidente Donald Trump "no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, cuando se reportan, representan un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra Nación y los valientes hombres y mujeres que están sirviendo a nuestro país", escribió Bondi en X.
Una declaración jurada indica que el registro está relacionado con una investigación sobre un administrador de sistemas en Maryland, a quien las autoridades alegan que se llevó a casa informes clasificados, reportó el periódico. El administrador de sistemas Aurelio Perez-Lugones fue acusado a principios de este mes de retención ilegal de información de defensa nacional, según documentos judiciales.
Perez-Lugones, quien tenía exclusiva autorización de seguridad, está acusado de imprimir informes clasificados y sensibles en el trabajo. En un registro de su casa y carro en Maryland este mes, las autoridades encontraron documentos marcados como "SECRETO", incluyendo uno en una lonchera, según documentos judiciales.
Un portavoz del FBI se negó a comentar el miércoles. Los funcionarios del Departamento de Justicia no respondieron a una solicitud de comentarios. El Washington Post dijo el miércoles que estaba monitoreando y revisando la situación. Se envió un correo electrónico solicitando comentarios a los abogados de Perez-Lugones.
A lo largo de los años, el Departamento de Justicia ha desarrollado y revisado directrices internas que rigen cómo responderá a filtraciones de prensa.
En abril, Bondi emitió nuevas directrices diciendo que los fiscales volverían a tener la autoridad para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.
Las medidas rescindieron una política de la administración Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante investigaciones de filtraciones, una práctica largamente criticada por organizaciones de noticias y grupos de libertad de prensa.
SNGZ