Los fiscales generales de 22 estados presentaron una demanda el lunes contra el gobierno del presidente Donald Trump por recortar la financiación para la investigación médica y de salud pública en universidades de todo el país.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Boston, impugna el gobierno de Trump, al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) por los esfuerzos para reducir la financiación que se destina a los llamados costos indirectos, incluidos los costos de laboratorio, facultad, infraestructura y servicios.
Los estados argumentan que la investigación para tratar y curar enfermedades humanas “se detendrá” y las personas perderán acceso a “la edición genética moderna, vacunas como las vacunas contra la gripe y curas para enfermedades como el cáncer, enfermedades infecciosas y adicción”.
“No permitiremos que el gobierno de Trump socave ilegalmente nuestra economía, limite nuestra competitividad o juegue a la política con nuestra salud pública”, dijo en un comunicado la fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, cuyo estado cuenta con varias instituciones de investigación importantes, incluidas la Universidad de Brown y la Universidad de Rhode Island, dijo que el gobierno de Trump parecía “empeñado en desbaratar el progreso en este país”.
“Esta reducción en la financiación amenazaría seriamente el futuro de esta investigación”, dijo Neronha en un comunicado. “Si alguna vez has deseado una cura, mejores opciones de tratamiento, para ti o un ser querido, esto debería sentirse personal”.
La semana pasada, los NIH anunciaron que estaban reduciendo los pagos hacia los costos generales para las instituciones de investigación que reciben sus subvenciones, una política que podría dejar a las universidades con grandes brechas presupuestarias. Actualmente, algunas universidades reciben el 50 por ciento o más del monto de una subvención para destinarlo a personal de apoyo y otras necesidades, pero eso se limitaría al 15 por ciento.
Los estados quieren que el tribunal declare ilegal ese cambio de tarifas.
La demanda detalló cómo algunas instituciones de investigación sufrirían. Por ejemplo, la Universidad de Michigan perdería 181 millones de dólares en financiación, lo que afectaría “425 estudios financiados por los NIH actualmente en curso, incluidos 161 estudios destinados a salvar vidas”, según la demanda.
Y eso, según la demanda, costaría empleos. “Implementar este límite del 15 por ciento significará la pérdida abrupta de cientos de millones de dólares que ya están comprometidos para emplear a decenas de miles de investigadores y otros trabajadores, poniendo fin a innumerables investigaciones de salud que salvan vidas e iniciativas de tecnología de vanguardia”, dijo la demanda.
SNGZ