La brutal represión ejercida por la junta militar de Birmania ha provocado la muerte de al menos 73 menores de edad, de un total de más de ochocientos decesos desde el golpe de Estado del 1 de febrero, mientras se recrudecen los combates en varios puntos del país donde piden el retorno a la democracia y los líderes políticos que estaban antes de instaurarse el actual régimen.
Se han hecho numerosos llamados a la calma y la paz en el país por diversas naciones y organismos internacionales, así como la denuncia de grupos en defensa de los derechos humanos.
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"Algunos murieron por disparos durante las manifestaciones y otros cuando los militares registraron sus casas y les dispararon de manera intencionada. También hubo niños que murieron cuando jugaban en la calle", denunció hoy el disidente Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).
Las víctimas son 63 niños, 9 niñas y 1 de género no identificado, cuyas muertes se registraron entre el 15 de febrero y el 15 de mayo, detalló el autodenominado gobierno democrático, formado por activistas y políticos electos durante las comicios de noviembre, cuyo resultado no reconoce el Ejercito golpista.
En casi todas las regiones del país se ha registrado al menos un menor fallecido, con Mandalay y Rangún como las ciudades más afectadas con 17 y 13 niños fallecidos, respectivamente.
El grupo opositor, catalogado de terrorista por la junta militar y que trabaja de manera clandestina, precisó que en sus datos no se encuentran todavía documentados los informes de "muertes de menores durante los recientes intensos combates" en varias poblaciones.
Muertes de menores más recientes
La semana pasada, un niño de diez años murió al impactar, cerca de donde jugaba, un artefacto explosivo lanzado por los militares durante el cerco a la población de Tedim, en el occidental estado Chin, indica en su lista la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.
Al menos otros dos menores de edad, uno de ellos de 16 años, y que según AAPP combatía contra los militares, también habrían muerto desde mediados de mes en el estado Chin, donde el Ejército encontró una fuerte oposición organizada por civiles armados.
"Las fuerzas de seguridad deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los niños atrapados en el área, y defender su derecho a ser protegidos", pidió la semana pasada Unicef sobre los enfrentamientos en la ciudad de Mindat, en Chin.
Desde el pasado fin de semana también se han recrudecido los combates en el oriental estado Kayah, entre los militares y la Fuerza de Defensa Civil, la milicia creada por el NUG, y que cuenta con el apoyo del grupo rebelde Ejército Karenni, una de las guerrillas étnicas que combaten desde hace décadas al Ejército.
Hasta el momento no se ha reportado la muerte de menores en este conflicto, pero algunos niños resultaron heridos la madrugada del lunes durante el ataque con artillería contra una iglesia donde se refugiaban varias familias, y que dejó cuatro muertos.
"El ataque hizo que esta gente sin ayuda huyera hacia la jungla (...) Comida, medicina y productos de higiene son urgentes, pero no hay manera de encontrarles. Muchos niños y ancianos iban con el grupo, forzados a morir de hambre y sin ayuda médica. Es una enorme tragedia humanitaria", señaló anoche el cardenal Charles Maung Bo.
No hay freno a la violencia, pese a que los militares lo prometieron
Hace más de un mes, el 24 de abril, el líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, se comprometió frenar la violencia contra los civiles durante una reunión junto a los líderes políticos de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Birmania forma parte.
Sin embargo, al menos 75 personas -incluidos niños- han muerto desde la reunión, recuerda hoy la AAPP, que cifra en al menos 827 los fallecidos desde el golpe de Estado.
La violencia e intimidación de las fuerzas de seguridad ha reducido la participación e intensidad de las protestas contra la junta, sobre todo en las grandes ciudades donde las manifestaciones multitudinarias han dado paso a protestas relámpago, que no se convocan en las redes y se dispersan tras diez o quince minutos, antes de que puedan llegar las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, en poblaciones más pequeñas las protestas continúan a diario para expresar el rechazo popular al mando militar, exigir la liberación de todos los detenidos, incluida la derrocada líder Aung San Suu Kyi, y el restablecimiento de la democracia.
El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.