Un importante grupo internacional de defensa de los derechos humanos y un organismo local pidieron a Pakistán que no juzgue a los civiles implicados en las recientes protestas antigubernamentales en cortes militares.
Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán emitieron sendos comunicados el martes en la noche mostrando su alarma por el plan del gobierno de someter a juicios militares a los partidarios del ex primer ministro Imran Khan que se enfrentaron a la policía y protagonizaron disturbios en todo el país.
En Pakistán, los juicios militares suelen celebrarse a puerta cerrada, lo que priva a los civiles de algunos de sus derechos básicos como la contratación de un abogado de su elección.
Una ola de violencia sacudió la capital, Islamabad, y otras zonas urbanas tras el dramático arresto de Khan, quien ahora lidera la oposición, cuando estaba en un tribunal el martes de la semana pasada.
Los furiosos seguidores de Khan incendiaron edificios y vehículos y atacaron a policías y miliares, además de sus instalaciones. En los enfrentamientos murieron 10 personas y las autoridades arrestaron a otras 4 mil. La Corte Suprema ordenó más tarde la liberación del político y criticó la forma en la que había sido detenido.
El ejército y el gobierno anunciaron más tarde que juzgarían a los “pirómanos” implicados en las protestas violentas con arreglo a la legislación militar.
Amnistía dijo que era “alarmante observar” que las autoridades declararon su “intención de juzgar a civiles bajo leyes militares, posiblemente en tribunales militares”.
Esto va en contra del derecho internacional, indicó Dinushika Dissanayake, subdirectora del grupo en la región del Sur de Asia.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, por su parte, indicó que los civiles detenidos deben ser procesados en tribunales civiles y no en cortes militares, reservadas para soldados sospechosos de trabajar en contra de los intereses nacionales y de violar las normas castrenses.
Dissanayake acusó al gobierno paquistaní de utilizar las leyes militares como “una táctica intimidatoria, diseñada para reprimir la disidencia ejerciendo temor a una institución que nunca ha rendido responsabilidades por sus excesos”.
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