El consejo municipal de Houston, la ciudad más poblada de Texas, modificó este miércoles una serie de directrices que buscaban limitar la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias, ante las amenazas del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, de retirar 114 millones de dólares en financiación.
La normativa busca prohibir que los agentes policiales prolonguen más de lo necesario una detención, como lo es las paradas de tráfico, con el fin de que la persona pudiera ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
En la enmienda aprobada, se permite que los agentes retengan a alguien "para otros fines legítimos que se descubran durante la detención".
También se eliminó una frase en la que se aseguraba que una orden administrativa de ICE, que se cursa cuando el gobierno sospecha que un individuo está en el país de manera irregular, no es suficiente para arrestar a una persona si no tiene antecedentes penales.
Se eliminaría presupuesto del fondo de seguridad
Greg Abbott, el gobernador republicano de Texas, amenazó con eliminar unos 114 millones de dólares en fondos para la seguridad pública de Houston si el alcalde, John Whitmire, no presionaba al consejo para eliminar las directrices.
En un comunicado, Whitmire dijo que la posible pérdida de fondos estatales desencadenaría una "crisis para la seguridad" en la ciudad, incluido el Departamento de Policía y de Bomberos, a pocos meses de que empiece la Copa Mundial de la FIFA, que tiene a Houston como una de sus sedes.
Abbott también amenazó a Dallas y Austin, otras dos importantes ciudades de Texas, para que den marcha atrás con medidas similares.
Se argumenta que las nuevas directrices viola la ley SB4
Las autoridades del estado de mayoría republicana, incluyendo el fiscal general y mano derecha de Abbott, Ken Paxton, argumentaron que las nuevas directrices violan una ley conocida como SB4, que prohíbe a las ciudades en Texas adoptar medidas que "limiten materialmente" la cooperación entre ICE y los departamentos de Policía locales.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que la norma esta dentro del marco legal
Por su parte, organizaciones en defensa de los derechos humanos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), aseguran que las medidas adoptadas por el consejo municipal están dentro del marco legal estatal y nacional.
"La ordenanza aclara que los agentes de Policía sólo pueden retener a personas para el ICE si existe una orden firmada por un juez, de conformidad con la ley estatal y la Constitución de Estados Unidos", indicó la ACLU en un comunicado.
Restricciones similares en otros estados
A nivel nacional, varias ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago han mantenido durante décadas restricciones similares bajo el argumento de que la cooperación con el ICE reduce las denuncias de delitos y la colaboración con la policía local por parte de las comunidades afectadas.
Los arrestos de migrantes que no tienen antecedentes penales se han disparado un 770 por ciento, mientras que las detenciones en la vía pública aumentaron más de mil por ciento, esto durante el primer año, del segundo mandato, del presidente Donald Trump, según un análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley.
MA