Tomando en cuenta que la política migratoria de México impacta a la población migrante y solicitante de asilo de todo el continente americano, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) llamó al gobierno a cumplir con cada pilar de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección de la Cumbre de las Américas, en torno al fortalecimiento de políticas de recepción e integración.
Al reconocer los compromisos de colaboración entre los países para atender a las personas con necesidades de protección y ampliar vías regulares para las más de 18 millones de personas en movilidad por nuestra región, el organismo urgió a considerar la diversidad de nacionalidades y sus necesidades.
El Instituto recordó que Honduras fue el principal país de origen durante 2021 con 127 mil 225 personas en tránsito, le sigue Guatemala con 80 mil 767, El Salvador con 24 mil 514, Haití (18 mil 924), Brasil (16 mil 904), Nicaragua (15 mil 407) y Venezuela (4 mil 279).
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Asimismo, durante el año pasado, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 307 mil 679 eventos de detención migratoria a lo largo del país y 114 mil 366 deportaciones, al mismo tiempo que se otorgaron 87 mil 174 estancias por razones humanitarias. Mientras que en los aeropuertos se rechazó a más de 74 mil personas, de las cuales más de 46 mil provenían de Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
Entre los puntos a considerar el IMUMI llamó a implementar las siguientes estrategias:
- Promover políticas de recepción para las diferentes poblaciones en movilidad y crear comunidades estables, tanto para las personas del continente que necesitan protección, las poblaciones que requieren vías regulares de migración, así como para las comunidades retornadas a México.
- Promover vías regulares y de protección internacional partiendo del incremento al presupuesto de egresos de la federación y mayor capacidad humana y financiera de la Comar para recibir y adjudicar solicitudes de asilo en todo el país de forma expedita. Así mismo, IMUMI consideró es necesario incrementar gradualmente los traslados de solicitantes de asilo a lugares en donde cuentan con redes de apoyo y puedan buscar trabajo y vivienda en condiciones dignas mientras esperan sus procesos.
- Promover la gestión y control migratorio humano, ya que el gobierno mexicano se ha enfocado en la detención y deportación durante décadas, medidas de contención que no han funcionado para disuadir la migración, pero sí han vulnerado los derechos de las personas, aseveró.
- Promover una respuesta coordinada de emergencia humanitaria, dado que las instituciones no se dan a basto aún en coordinación con organizaciones internacionales como la OIM, UNICEF y Médicos Sin Fronteras, por lo que dejan a las personas sin opciones de regularización, sin autorización para trabajar mientras esperan sus procesos ante la Comar, con miedo de no poder alcanzar sus redes de apoyo en otras partes de México, y con daños físicos y emocionales.
- Colaborar en una estrategia compartida para reducir, mitigar y gestionar la migración irregular.
“En vez de colaborar en la violación de las garantías de protección a través de la participación en políticas como Titulo 42 y 'Quédate en México', el Estado mexicano debe reorientar sus políticas hacia la recepción e integración, de la misma forma que lo pide para las 11 millones de personas mexicanas que residen en Estados Unidos”, abundó IMUMI.
EHR