Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de la India contra una reforma legal que anula el derecho a la autodeterminación de género, vigente desde 2014, y obliga a las personas trans a someterse a una certificación médica oficial para acreditar su identidad.
Nueva norma se tramita en tiempo récord
El estallido social, que ha sumado protestas a lo largo de toda la semana en Nueva Delhi, Bombay y Chennai, se intensificó tras la ratificación hoy en la Cámara Alta india (Rajya Sabha) del Proyecto de Enmienda a la Ley de Personas Transgénero 2026.
La nueva norma, presentada por el Gobierno de Narendra Modi el 13 de marzo, se tramitó en un tiempo récord de apenas doce días.
Esta reforma supone el desmantelamiento de la base de la ley lograda en 2014, cuando el Tribunal Supremo reconoció en la sentencia NALSA que la identidad de género es un derecho constitucional que no requiere de pruebas físicas, y desmantela la base de la ley de 2019.
Mientras que la última ley permitía obtener un certificado oficial mediante una declaración jurada personal, la enmienda de 2026 recupera la figura de la "inspección externa", con la que el Estado autoriza a una Junta de Evaluación Médica a validar o rechazar la identidad de cada solicitante mediante diagnósticos clínicos.
Colectivos denuncian ley
Los colectivos denuncian que este cambio no solo patologiza su identidad, sino que impone una barrera económica discriminatoria.
"Solo el 30 por ciento de la comunidad puede pagar las cirugías que ahora nos exigen indirectamente", dijo en una de las protestas la activista Sanjan Sasikumar.
Bajo consignas como "Mi cuerpo no es un diagnóstico" y "12 días para borrar 12 años de progreso", los manifestantes recordaron que, según el censo de 2011 y las proyecciones actuales, más de 4,8 millones de personas trans en la India quedarán ahora bajo la tutela de comités médicos.
Grupos activistas del país han denunciado, además, que la centralización de estas juntas excluirán al 70 por ciento de la comunidad que vive en zonas rurales, afectando especialmente a las comunidades ancestrales 'hijra', que carecen de recursos para costear desplazamientos o cirugías.
"Nos están borrando de nuestra propia ley", añadió a la prensa la reconocida activista Sudha.
Tras la aprobación final, las organizaciones civiles han anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la justicia para intentar tumbar la norma antes de su aplicación efectiva, que solo está a la espera de la firma presidencial para entrar en vigor.
LJ