Después de casi 10 años de la tragedia ferroviaria más grave de la democracia española, inició el juicio que concluirá dentro de nueve meses. En el accidente del tren Alvia, que viajaba de Madrid a Ferrol (Galicia), fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas. El convoy, que iba a exceso de velocidad, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela.
Cuando el maquinista Francisco José Garzón pulsó el freno de emergencia el velocímetro del Alvia 04155 marcaba 153 kilómetros por hora. Casi el doble de la velocidad permitida para tomar la curva. Un tramo ubicado en el barrio compostelano de Angrois.
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Consciente de la excesiva velocidad, el maquinista, que había hecho el mismo recorrido 59 en lo que iba del año, trató de controlar el violento impacto cuatro segundos después de que el tren comenzara a descarrilar a 179 kilómetros por hora. Pero nada pudo hacer. El tren recorrió, descontrolado, casi medio kilómetro hasta que la máquina se detuvo.
Hay dos acusados, Garzón, y el exdirector de seguridad de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Andrés Cortabitarte, a los que la Fiscalía imputa 80 supuestos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños, por imprudencia profesional grave. El Ministerio Público pide cuatro años de cárcel para ambos, lo mismo que la plataforma de víctimas.
Además, la Fiscalía también solicitó que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado, sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
El juicio se realiza en la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela. Las víctimas y sus familiares reclaman por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil 57,69 millones de euros. Las personas y entidades contra las que se dirige la acción civil dentro del proceso penal son QBE (aseguradora de la Red Nacional de Ferrocarriles de España, Renfe), Allianz Global Corporate & Speciality (aseguradora de Adif), Renfe y Adif, el maquinista del tren y el director de seguridad en la circulación de Adif en el momento de los hechos.
El abogado que defiende al maquinista solicitó la libre absolución de su representado, y argumentó que la clave para que se produjera el accidente está en la “carencia de un análisis de riesgo y medidas de seguridad” en la línea entre Ourense y Santiago.
Garzón estuvo de baja por accidente laboral desde que se produjo la tragedia, el 24 de julio de 2013, hasta 2015, cuando se reincorporó a Renfe en tareas de gestión en talleres de material rodante. Recientemente se prejubiló. Igualmente, la defensa del otro acusado alega su inocencia. Ahora es técnico especialista en la empresa pública.
La distracción por una llamada
En tanto que, por parte de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, el portavoz de la asociación, subrayó que lo que buscan es “que la gente conozca la verdad” de lo sucedido, “a mayores de depurar responsabilidades”.
La secuencia de 124 segundos que explican el descarrilamiento del Alvia deja algunas respuestas. Las acusaciones coinciden en que la llamada telefónica que recibió el conductor dos minutos antes del impacto lo desubicó. Era el punto kilómetro 77,790 cuando sonó su móvil. El tren iba a 199 kilómetros por hora. Fue una llamada con el interventor que “no era urgente”, pero que el acusado aceptó sin usar el manos libres. Duró 100 segundos y solo 11 segundos después el tren se salió de la vía en el punto 84,413.
Además, familiares de los afectados exigen la dimisión de la exministra de Fomento, Ana Pastor, “por sus mentiras y maniobras de ocultación”, después de que trascendiese la carta con la que la actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja advirtió en su día a la comisaria de Transportes Violeta Bulc en relación con la “gravedad” de la publicación de un informe europeo crítico con la investigación oficial del Estado español.
El juicio comenzó este miércoles y está previsto que finalice el 10 de febrero de 2023, según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Entre jueves y viernes se contempla la declaración de los acusados.
El juzgado admitió las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos (sin perjuicio de que las partes desistan de alguna testifical antes o durante el juicio). Declararán una media de 15 testigos al día y de tres testigos/peritos por sesión.
LCR