Este jueves inició en Extremadura el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente español, Pedro Sánchez. Músico de cámara de profesión, conocido artísticamente como David Azagra, se enfrenta a tres años de cárcel por un presunto caso de enchufismo ya que supuestamente crearon un puesto a su medida en la Diputación Provincial donde trabajó durante siete años.
La expectación en la Audiencia Provincial de Badajoz fue extraordinaria. Las acusaciones populares solicitan para el hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, tres años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, así como 6 y 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público, respectivamente.
Además, reclaman que Sánchez devuelva, con intereses, los más de 340 mil euros que cobró de la institución provincial. Mientras que la Fiscalía afirma que se trata de una “cacería” para perjudicar a David Sánchez. La primera denuncia fue interpuesta por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, después se sumaron otros afines a éste.
Tráfico de influencias
Está previsto que el juicio, con gran repercusión mediática, se prolongue hasta el próximo 4 de junio, pero podría extenderse más días.
El tribunal tendrá que dirimir si en 2016 la diputación creó la plaza de coordinador de los conservatorios para colocar a David Sánchez y si ese supuesto enchufe se revistió de legalidad con un proceso selectivo al que concurrieron otros 10 candidatos, pese a que de antemano estaba acordado que este puesto de alta dirección fuera para el hermano de Pedro Sánchez, a quien se le adjudicó en 2017.
Los magistrados también tendrán que dilucidar si, cinco años después, la institución provincial modificó de manera irregular, sin convocatoria pública, la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios por la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas para satisfacer las preferencias laborales de David Sánchez y si, por ese mismo motivo, en 2024 se hizo con su influencia la contratación de su amigo y exasesor de La Moncloa, Luis Carrero, con quien ya colaboraba de forma extraoficial en el proyecto “Ópera Joven”. Los dos renunciaron a sus puestos y ya no están en la diputación.
La Fiscalía le defiende
La tesis de la jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, y de las acusaciones populares, que en la fase de instrucción han estado representadas por Manos Limpias y en el juicio oral serán siete, es que hay suficientes indicios de que todos los investigados participaron en la trama para dar apariencia de legalidad al amaño para contratar a David Sánchez, primero, y a Luis Carrero, después.
En el auto de procesamiento, la magistrada argumenta que David Sánchez supo de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios antes de que se convocara y que el puesto se creó a medida para él “seguramente” a petición de personas de su entorno.
Sin embargo, para la fiscalía, que no acusa, esta causa se sustenta únicamente sobre conjeturas y no en indicios reales de criminalidad. Es también lo que defienden los abogados de los acusados, que creen que desde el principio este procedimiento es una “cacería” impulsada por Manos Limpias, a la que después se sumaron el resto de acusaciones (Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum, PP, Vox y Abogados Cristianos), todos organismos de derecha y ultraderecha.
David Sánchez es el primer familiar directo del presidente del Gobierno que se sienta en el banquillo. Su mujer, Begoña Gómez, está siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por tráfico de influencias y corrupción privada.
El juicio de Badajoz llega después de otros procedimientos judiciales que involucran a expolíticos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como el ‘caso mascarillas’, pendiente de sentencia para el exministro José Luis Ábalos y su mano derecha durante años, Koldo García. Aún falta el de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido.
LJ