Decenas de familias empezaron a dar el último adiós a las 37 adolescentes que murieron quemadas por un incendio en un albergue de menores, mientras el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reconoció la responsabilidad del Estado en esta tragedia que golpea a su gobierno.
“Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por gobierno y población”, admitió el mandatario durante una visita a parte de las jóvenes heridas, después de que el jueves centenares de personas lo culparan de la tragedia bajo el lema “Fue el Estado”.
Las familias y la sociedad lamentan las muertes, piden justicia y exigen la renuncia del presidente por el incendio que el pasado miércoles dejó 37 adolescentes muertas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, cuando supuestamente ellas quemaron unas colchonetas para protestar por las agresiones físicas y sexuales que sufrían de forma sistemática.
Según algunos testimonios que, a petición de los diputados de oposición, ya fueron ratificados por la Procuraduría de Derechos Humanos ante el Congreso, la tragedia se originó tras una revuelta de los menores internos para protestar por las agresiones, mientras las menores permanecían encerradas bajo llave en un aula de 4x4 metros en la que estaban castigadas, luego de que fueran capturadas por la Policia Nacional Civil, el martes, tras una fuga masiva.
Cuestionado si la tragedia pone en la cuerda floja a su presidencia, Morales aseguró que “en cuanto a si pone en un punto crítico al gobierno es un hecho. Un hecho de esta naturaleza bajo ninguna circunstancia se puede pasar inadvertido”.
No obstante, repartió la culpa e insistió en varias ocasiones que la responsabilidad no es solo del Ejecutivo, sino de todo el Estado.
“Es verdaderamente triste y lamentable que decenas de niños y niñas puedan morir en una situación como la que se dio y que esto puede volver a suceder en todos los lugares donde nosotros, como Estado, no estamos poniendo la atención debida”, señaló Morales.
Además, agregó que el siniestro es evidencia de las limitaciones que tiene el país y la necesidad de continuar con una “reforma profunda y severa” en el sistema de hogares juveniles.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían sido internados por haber cometido delitos.
De las 37 adolescentes muertas, 19 fallecieron en el lugar de los hechos y las restantes en los centros hospitalarios, donde aún quedan recluidas 15 jóvenes, dos de ellas estables y el resto graves, por lo que el número de decesos puede aumentar.
Luego de la tragedia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llamó a los gobiernos de la región para cesar con la institucionalización de menores.
También advirtió que unos 240 mil niños, niñas y adolescentes aún viven en instituciones en América Latina y el Caribe.