Migrantes en varias unidades del centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, iniciaron este viernes una huelga de hambre para reclamar su cierre, la liberación de los detenidos y que la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, visite el centro y converse con ellos.
Hoy continúan su huelga por quinto día consecutivo, después de que el fin de semana se registraran enfrentamientos entre manifestantes que mantienen una vigilia frente a la instalación y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre sus reclamos, los detenidos piden la intervención de la gobernadora del estado, Mikie Sherrill, que acudió el lunes al centro junto a una delegación demócrata del Congreso, pero a la que se le negó el acceso.
Sherrill indicó el lunes que esa negativa "plantea serias interrogantes sobre lo que intentan ocultar al público" y aseguró que seguirá exigiendo el cierre de Delaney Hall, así como oponiéndose "a cualquier expansión de centros de detención masiva en Nueva Jersey, como la propuesta en Roxbury".
Exigen que ICE rinda cuentas
El Departamento de Seguridad Nacional busca convertir un almacén en Roxbury (Nueva Jersey) en un centro de detención para albergar hasta mil 500 migrantes, aunque por el momento ha limitado los trabajos a la espera de una evaluación ambiental, según medios locales.
Sherrill también habló con familiares de los detenidos y activistas, y aseguró que lo que escuchó "fue desgarrador", reiterando que seguirá "exigiendo que ICE rinda cuentas".
El senador Andy Kim y los representantes demócratas de Nueva Jersey Rob Menéndez, Nellie Pou y LaMonica McIver participaron en la vigilia del lunes. A Kim se le permitió la entrada y aseguró haber presenciado "el caos dentro y fuera del centro de detención Delaney Hall".
"En lugar de dialogar conmigo y con otros sobre las pésimas condiciones, ICE envió un vehículo blindado y una fila de agentes armados que solo empeoraron las cosas. Los civiles fueron derribados y sometidos, y los agentes dispararon balas de pimienta y gas pimienta contra la multitud", indicó en su cuenta de X sobre el incidente del lunes, que siguió a otro ocurrido el domingo.
Negligencia médica y escasez de alimentos
El lunes, los manifestantes formaron una cadena humana frente a la instalación para intentar evitar el posible traslado de migrantes, tras lo cual se produjeron enfrentamientos.
De acuerdo con el senador, lo ocurrido en Delaney Hall "es más de la misma ilegalidad que hemos visto en otras partes del país".
"Lo que presencié y viví fue vergonzoso", añadió.
El también senador por Nueva Jersey, Cory Booker, denunció en X que "los migrantes en Delaney Hall están en huelga de hambre porque luchan por sus derechos humanos" y afirmó que las condiciones allí son "deplorables".
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró en redes sociales que "no hay ninguna huelga" y que se trata de "una maniobra política de los políticos de Nueva Jersey" que defienden lo que se conoce como "ciudades santuario" para migrantes.
"A los detenidos se les da un dólar la hora por trabajos como la limpieza. Eso no les alcanza para comprar nada ni para las llamadas", explicó hoy a EFE Paulo Almirón, portavoz de Resistencia en Acción de Nueva Jersey.
Almirón denunció además la presencia de moho en la instalación, la falta de suministros de limpieza y que los detenidos "han tenido que limpiar con el jabón que usan para bañarse".
Familiares han denunciado también negligencia médica, escasez de alimentos y condiciones inhumanas en general.
Durante la manifestación del lunes, uno de los detenidos pudo llamar desde el centro y denunció "que la última vez que les dieron comida tenía gusanos vivos y que el agua en la ducha está hirviendo", según Almirón.
"A muchos se les ha negado la atención médica salvo en casos crónicos. Trabajamos el caso de un padre de familia con leucemia y no fue hasta después de un mes detenido que se le pudo dar tratamiento", añadió.
Delaney Hall, el mayor centro de este tipo en la costa este de Estados Unidos, con capacidad para mil 196 personas, operó como centro de detención de inmigrantes entre 2011 y 2017, cuando cerró y reabrió en mayo de este año, administrado por GEO Group bajo un contrato de 15 años por mil millones de dólares.