Los monjes que vigilan desde hace décadas el mausoleo del dictador Francisco Franco se vieron forzados ayer a dejar ingresar a expertos, en preparación de las primeras exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil española enterradas allí, ordenadas por la justicia.
"Es un hecho histórico, los técnicos han entrado, parece que algo se va a lograr", dijo en entrevista Purificación Lapeña, nieta de un combatiente republicano, desde la entrada del mausoleo del Valle de los Caídos (norte de Madrid), al que ella no pudo acceder.
Su propio padre, hoy de 93 años, "todavía espera que saquemos los restos de su padre de aquí", dijo al contar que junto a su abuelo está allí también su tío abuelo, los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabas.
En 1936 estos dos militantes anarquistas fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Aragón, norte de España.
En 1959 sus restos fueron secretamente transferidos al faraónico mausoleo en granito que Franco hizo construir, a 50 kilómetros de Madrid, cavado en plena sierra de Guadarrama.
"Es insoportable que los restos de un montón de republicanos estén juntos con el dictador Franco y con Primo de Rivera (José Antonio, fundador de la Falange Española), que fueron los principales causantes de todo esto", lamentó Purificación Lapeña.
Ganador de la Guerra Civil (1935-1939) y jefe de Estado desde entonces hasta 1975, Franco ordenó, en nombre de una pretendida "reconciliación" nacional, transferir a ese lugar los restos de más de 30 mil víctimas del conflicto, franquistas y republicanos, en muchos casos sin el consentimiento de sus familias.
Más de 40 años después de la muerte del dictador, la justicia ordenó estas exhumaciones. Los técnicos deben verificar si es posible recuperar los restos de dos víctimas, tomando en cuenta el estado de la estructura y de las osamentas, muy mal conservadas y mezcladas entre ellas.
Franco se reservó el mejor lugar: a su muerte en 1975 fue enterrado cerca del altar de la basílica, construida en la roca al pie de una cruz de piedra de unos 150 metros.
Tras años de batalla judicial, la familia Lapeña consiguió en 2016 una victoria cuando un tribunal ordenó "la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña Altabás a su familiar (...) a fin de darles digna sepultura".
Desde entonces, el padre benedictino que dirige la abadía y la basílica bloqueó las exhumaciones rehusando la entrada a los expertos, hasta que la Conferencia Episcopal lo obligó a cumplir la decisión judicial.
Otras dos familias han reclamado exhumaciones, esta vez del bando franquista.
Miguel Ángel Capape, miembro de la Asociación ARICO por la recuperación e investigación contra el olvido, explicó que los expertos "han venido a hacer un agujero en un muro y por este agujero meter una sonda con una microcámara para ver cómo están los restos".
"Si hay problemas estructurales, después de eso harán un informe técnico y nos dirán qué es lo que se puede hacer. Tendremos que esperar un tiempo todavía", advirtió Capape.
Añadió que sabían que "los restos están en malas condiciones porque los han tratado muy mal. Hay mucha humedad y todos los restos mezclados".
El año pasado una mayoría de diputados del Congreso español pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy, sin éxito, retirar los restos de Franco del mausoleo para hacer del lugar un memorial en homenaje a las víctimas del conflicto.
(Laurence Boutrex)