La Oficina del Fiscal General de Iowa detuvo su práctica de pagar por anticoncepción de emergencia, y en casos raros, por abortos para víctimas de agresión sexual, una medida que fue criticada por algunos defensores de las víctimas.
Las regulaciones federales y la ley estatal requieren que Iowa pague muchos de los gastos para las víctimas de agresión sexual que buscan ayuda médica, como los costos de exámenes forenses y tratamiento para infecciones de transmisión sexual.
Bajo el fiscal general anterior, el demócrata Tom Miller, el fondo de compensación para víctimas de Iowa también pagó por Plan B, la llamada píldora del día después, así como por otros tratamientos para prevenir el embarazo.
Una vocera de la fiscal general republicana Brenna Bird, quien derrotó la oferta de Miller para un 11º mandato en noviembre, dijo al Des Moines Register que esos pagos ahora están en espera como parte de una revisión de los servicios para víctimas.
"Como parte de su auditoría de asistencia a las víctimas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, la fiscal general Bird está evaluando cuidadosamente si este es un uso apropiado de los fondos públicos", dijo Alyssa Brouillet, secretaria de prensa de Bird, en una declaración. "Hasta que se complete esa revisión, se retrasará el pago de estas reclamaciones pendientes".
Los defensores de las víctimas se sorprendieron por la pausa. Ruth Richardson, CEO de Planned Parenthood North Central States, dijo en un comunicado que la medida era "deplorable y reprobable".
La decisión de Bird se produce cuando el acceso al método más comúnmente utilizado para el aborto en los Estados Unidos se sumió en la incertidumbre después de las contradictorias decisiones judiciales del viernes sobre la legalidad del medicamento abortivo mifepristona.
Por ahora, el medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos en 2000 parecía seguir estando al menos inmediatamente disponible a raíz de decisiones separadas emitidas en rápida sucesión.
El juez de distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk en Texas, nombrado por el ex presidente Donald Trump, ordenó una suspensión de la aprobación federal de la mifepristona.
Pero esa decisión llegó casi al mismo tiempo que el juez de distrito de Estados Unidos, Thomas O. Rice en Washington, DC, nombrado por el ex presidente Barack Obama, ordenó esencialmente lo contrario.
El momento extraordinario de las órdenes competidoras reveló las altas apuestas que rodean el medicamento casi un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe v. Wade y restringiera el acceso al aborto en todo el país.
El presidente Joe Biden dijo que su administración lucharía contra la decisión de Texas.
En Iowa, el dinero para el fondo de compensación de víctimas proviene de multas y sanciones pagadas por criminales convictos.
Para las víctimas de agresión sexual, la ley estatal requiere que el fondo pague "el costo de un examen médico de una víctima con el propósito de recopilar pruebas y el costo del tratamiento de una víctima con el propósito de prevenir enfermedades venéreas", pero no menciona la anticoncepción o el riesgo de embarazo.
Sandi Tibbetts Murphy, quien fue directora de la división de asistencia a víctimas bajo el mandato de Miller, dijo que la política de Iowa ha sido incluir el costo de la anticoncepción de emergencia en los gastos cubiertos por el fondo. Dijo que, en casos raros, el fondo pagó por abortos para víctimas de violación.
"Mi preocupación es para las víctimas de agresión sexual, que, sin previo aviso real, ahora se encuentran incapaces de acceder a los tratamientos y servicios necesarios, o ahora se ven obligados a pagar de su propio bolsillo por esos servicios, cuando esto se hizo sin culpa propia", dijo.
MO