Al equipo legal de México le espera un ambiente hostil en la Suprema Corte de Estados Unidos, advirtió el coordinador de la iniciativa Stop US Arms to Mexico, John Lindsay-Poland.
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El martes la Corte estadunidense discutirá la admisibilidad de la demanda que presentó el gobierno mexicano en Boston, Massachusetts, contra los fabricantes de armas y pese a sus argumentos, puede pesar más la cercanía con la Casa Blanca y los intereses de estos grupos, que la realidad violenta que se vive por el tráfico de estos artefactos.
"La Corte Suprema de Estados Unidos es un ambiente muy hostil para este tema. Entonces es muy posible que la Corte haga daño no solamente a la demanda de México, sino también a otros, otros posibles remedios en contra de la violencia armada", expresó en entrevista con MILENIO.
Por tanto, el panorama no es tan alentador en la cuestión judicial; sin embargo, Lindsay-Poland cree que ayudará a cambiar la conversación pública sobre la responsabilidad que tiene Estados Unidos tanto en el tráfico de drogas como de armas.
Pero consideró que no es una tarea fácil ya que se está emprendiendo una lucha contra una industria que obtiene ganancias millonarias cada año.
"Estamos hablando de alrededor de 200 mil armas traficadas desde Estados Unidos a México cada año. El valor de cada arma varía tanto al punto de compra dentro de México como al nivel del punto de compra dentro de Estados Unidos.
"Entonces pueden ser pistolas que se venden para 500 dólares en Estados Unidos, que luego son más caras dentro de México, o pueden ser armas más caras, mil, dos mil, o los rifles de calibre 50 venden por 10, 12 mil dólares dentro de Estados Unidos. En México se venden para dos o tres veces más ese valor", expresó.
El activista consideró que así como la Casa Blanca ha tomado medidas radicales desde el principio de esta administración, debería también firmar órdenes ejecutivas para frenar el tráfico de armas.
Sugirió, por ejemplo, que podrían eliminar del mercado las armas de asalto como los rifles calibre .50 y además, ordenar la inspección de las armerías implicadas en el tráfico de armas.
"Arrestar personas que están traficando las armas. El presidente Trump hizo una promesa a la presidenta Sheinbaum de que iba a tomar medidas para evitar el flujo de armas de alto poder hacia México.
"Entonces, en estos 30 días, que expiran este martes 4 de marzo también, debe medir, Estados Unidos debe reportar cuántas armas ha confiscado, cuántas armarías han inspeccionado, qué legislación está apoyando, qué órdenes ejecutivas están emitiendo para frenar ese flujo de armas", puntualizó.
Sin embargo, sin atreverse a predecir lo que pueda ocurrir, Lindsay-Poland dejó en claro que hay una buena relación entre la administración Trump y la industria de armas “es un amigo”.
En este contexto, aceptó que desde la Casa Blanca no se van a poner obstáculos contra esta industria pero al mismo tiempo, tiene que ser congruente con el discurso tan centrado contra los cárteles de la droga y sus aliados “sí está exigiendo esas medidas, pues entonces yo creo que es muy posible que la administración toma acciones”.
Finalmente, explicó que la demanda de México abre la posibilidad de ver si los planes del gobierno de Trump son una realidad o solo un show.
Y es que Lindsay-Poland, mencionó que designar a los cárteles como terroristas, abre la posibilidad de que el pentágono y otras agencias de inteligencia tomen acciones reales contra personas o empresas involucradas con los grupos criminales.
"Vamos a ver si es un show, si es un discurso o si igualmente conduce a acción. Yo creo que en parte estas acciones por parte de Trump son medidas de presión.
"Quieren que México haga tal y tal y tal. Entonces amenazan con algo que de pronto no es parte de los planes, pero muestran la posibilidad de acción militar o de otras acciones para sacar compromisos por parte de México", aclaró.
Finalmente, mencionó que las acciones que ha tomado México en el último mes es muestra de la buena voluntad de cooperación y lo mismo, dijo, se le debería exigir a la administración de Trump.
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ksh