Este jueves, el Parlamento de Venezuela autorizó a su presidente, el líder opositor Juan Guaidó, a crear un fondo con hasta 80 millones de dólares procedentes de cuentas bancarias congeladas en el exterior por sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El propósito de la ley aprobada por el parlamento es que Estados Unidos, que bloqueó cuentas del Estado -incluida la petrolera PDVSA- y de funcionarios chavistas, libere dinero para constituir un fideicomiso que sería supervisado por la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo a la AFP el diputado Alfonso Marquina.
Al aprobar la llamada "Ley especial del fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital", diputados opositores avalaron que Guaidó pueda hacer uso de "cuentas bancarias en el extranjero".
Según la ley, ese fideicomiso se destinará a gastos sociales en un país arrasado por una crisis económica que ha condenado al hambre y a la migración a millones de venezolanos.
Asimismo, se procurará "fortalecer las relaciones internacionales" y costear el "gobierno de transición" de Guaidó, dice el texto.
Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, después de que la mayoría opositora de la unicameral Asamblea Nacional declarara "usurpador" a Maduro, acusándole de haber sido reelecto en votaciones fraudulentas.
Maduro, sin embargo, ha resistido la presión internacional, manteniendo el control territorial con respaldo de la Fuerza Armada, así como la gestión de cuentas estatales nacionales.
El jefe de la oposición anunció este jueves que habrá más sanciones ante lo que denuncia como tráfico de "oro manchado de sangre" por minería ilegal, que vincula con el gobierno.
"Escalaremos presiones a otro nivel", aseveró.
De acuerdo con Marquina, la ley permitiría disponer de cuentas bancarias particulares "congeladas a corruptos o violadores de derechos humanos", refiriéndose a sanciones individuales contra funcionarios del oficialismo.
Ya en noviembre de 2019, el Parlamento había autorizado el uso de 3.5 millones de dólares de cuentas bajo control de Guaidó para la defensa "judicial y extrajudicial" del Estado en el exterior.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -de línea oficialista- desconoce todas las decisiones del Poder Legislativo desde que lo declaró en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la Cámara. El gobierno de Maduro tampoco reconoce a Guaidó como presidente del Parlamento.
El 5 de enero, con apoyo del chavismo, el diputado opositor Luis Parra se proclamó jefe del Congreso en una sesión sin verificación de quorum y sin Guaidó, quien calificó el hecho de "golpe de Estado parlamentario".
Los diputados opositores se reúnen desde entonces en sesiones callejeras, sin poder entrar al Palacio Legislativo.
kvd