Juez desestima cargos de corrupción y cierra caso vs Juan Orlando Hernández en Honduras

El expresidente hondureño libró, además, una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos tras el indulto de Trump.

Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022 | Foto: AP
Agencia AFP
Tegucigalpa, Honduras /
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Un juez de Honduras desestimó los cargos de corrupción y lavado de activos contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien dejó una condena de 45 por narcotráfico en Estados Unidos tras ser indultado por Donald Trump, informó el Poder Judicial del país.

Hernández, de 57 años y que gobernó entre 2014 y 2022, era acusado por la fiscalía de participar en el envío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en 2013.

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Sin embargo, el juez desestimó el señalamiento al asegurar que el expresidente "no autorizó" y tampoco "administró" esos recursos, que fueron desembolsados ​​por el gobierno cuando él presidía el Congreso, dijo a los periodistas Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Hernández "no tuvo incremento patrimonial", por lo que se dictó "sobreseimiento definitivo", añadió Silva, quien además anunció que el exmandatario conservador recibirá su carta de libertad este mismo martes 1 de septiembre.

"Hoy se cierra este capítulo de persecución política, cerramos en Estados Unidos, se está cerrando este", declaró Hernández a reporteros a las afueras del tribunal en Tegucigalpa.

La fiscalía buscaba llevar a juicio por fraude y lavado de dinero y que fuera encarcelado de forma preventiva.

La decisión de la Corte fue rechazada por críticos del exgobernante.

"Es una afrenta a todos los hondureños víctimas de la corrupción", manifestó a la AFP la activista anticorrupción Gabriela Blen.

El perdón de Trump a caso de narcotráfico

Hernández consideró el caso como una "cacería de brujas" y una "persecución política", términos en los que también se refirió a su sentencia a 45 años de prisión en Estados Unidos, anulada por orden de Trump a multas de 2025.

Otro exmandatario hondureño, Porfirio Lobo (2010-2014), ya había sido liberado de cargos por el mismo caso de corrupción, por el que no hay condenados.

La decisión de la Corte hondureña representa la última victoria judicial de Hernández, conocido por su acrónimo "JOH", quien ahora busca recuperar 131 bienes familiares confiscados tras su extradición a Estados Unidos.

En 2024, una Corte federal de Nueva York lo condenó por conspirar para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadunidense.

Para ello habría colaborado con capos como Joaquín El Chapo Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos, según la acusación que lo señaló de haber convertido a Honduras en un "narcoestado".

"Le vamos a meter la droga en sus propios narices y no se van a dar ni cuenta", habría dicho el expresidente según declaró un testigo en el juicio.

Un hermano del exgobernante, Juan Antonio Tony Hernández, cumple cadena perpetua por narcotráfico en ese país.

Pero el exjefe de Estado se libró de la condena gracias al perdón de Trump, que llegó en vísperas de las elecciones presidenciales hondureñas de noviembre de 2025.

Al tiempo que anunciaba el indulto, Trump pidió votar por el conservador Nasry Asfura, copartidario de Hernández, para que pena de cortar la ayuda a Honduras.

Vida bajo la sombra

Asfura ganó los comicios por escaso margen y en medio de denuncias de fraude de la oposición, que fueron descartadas por un grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Trump adujo que el caso de Hernández había sido una "trampa" de su antecesor demócrata Joe Biden, si bien parte de la investigación se desarrolló durante el primer mandato del republicano.

La vida política de JOH ha estado marcada por denuncias de saqueo de fondos públicos y por una controvertida reelección en 2017, pese a que esa figura estaba prohibida legalmente.

Según la fiscalía, entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidió el Congreso, participó en un entramado que desvió recursos de proyectos agrícolas para financiar su campaña presidencial.

Para ello fueron usadas empresas fantasma, testaferros y contratos ficticios, de acuerdo con la acusación.

MD

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