La jueza Inmaculada Iglesias aplazó la declaración de Alberto González Amado, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba citado a declarar este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude tributario y un delito de falsedad en documento mercantil.
De acuerdo a El País, González Amador ya había aceptado ocho meses de cárcel y pagar 491 mil euros, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían acordado que no entrara en prisión. Ahora todo esto queda en el aire por el aplazamiento de la declaración de la pareja de la presidenta madrileña, a petición de la acusación popular que integran el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid y Más Madrid.
- Te recomendamos Madrid podría poner más condiciones en revisión de OPA de BBVA por Sabadell Negocios
Los servicios jurídicos de ambas fuerzas políticas están convencidos de que González Amador podría haber incurrido en más delitos. El caso se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos de los últimos meses.
En esta causa se investigan supuestas irregularidades en el Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021, en los que presuntamente se habrían defraudado más de 352 mil euros a través de la aportación de varias facturas que no se corresponderían con servicios realmente prestados. Todo lo anterior salió a la luz tras una investigación realizada por el portal digital elDiario.
Según El País, el pacto del novio de la pareja de la también presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid incluía como sanción una multa del 40% de la cuota defraudada, esto es, 60 mil euros (40% de 155 mil euros) y 78 mil 380.56 euros (40% de 195 mil 951.41 euros). Estas cuantías debían sumarse a los 350 mil 951 euros defraudados y a unos intereses de 2 mil 493.10 euros. En total, la suma era de 491 mil 824 euros.
Además, había que sumar la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante nueve meses por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública.
Asimismo, se incluían penas contra otros dos cooperadores necesarios en la elaboración de facturas falsas: el mexicano Maximiliano Eduardo Niederer, residente en su país, y el sevillano David Herrera Lobato. Al primero se le condenaba a penas de tres meses y 15 días de prisión, así como multa de 122 mil 832 euros. Para el segundo el castigo era de prisión de dos meses y 15 días, y multa de 29 mil 392 euros.
El fraude se habría llevado a cabo mediante empresas pantalla. En concreto, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. El origen del fraude fiscal investigado proviene de los ingresos millonarios que obtuvo González en comisiones por hacer intermediario en la compraventa de material sanitario durante los meses más complicados de la pandemia. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ganó más de 2 millones de euros en estas operaciones.
González Amador fue presentado a la opinión pública como un modesto técnico sanitario cuando trascendió que había empezado a salir con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La realidad es que se trata de un empresario del sector sanitario estrechamente vinculado al grupo Quirón, con el que la Comunidad de Madrid tiene varios contratos, y que en pandemia hizo fortuna ejerciendo de comisionista en la compraventa del bien más preciado en los primeros meses de crisis mundial: mascarillas, en lo momento en que en el país morían casi 800 personas al día.
Piden ampliar las investigaciones
La acusación popular que ejerce el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pidió el aplazamiento de la declaración de González Amador para que se practiquen más diligencias porque no han podido revisar toda la documentación de la causa y creen que hay indicios de que podría haber cometido más delitos, como el blanqueo de capitales.
En un comunicado, el PSOE de Madrid detalla que “el equipo jurídico del PSOE ha solicitado que se suspendan las declaraciones previstas para el 24 de junio de 2024 para para poder tener una adecuada instrucción de todos los documentos que conforma el procedimiento. El volumen de los archivos de esta causa entregados a esta parte el pasado 12 de junio ha hecho imposible el análisis documental completo”.
En el mismo, explican que “existen elementos indiciarios” para poder considerar, al menos, la “comisión del tipo agravado de los delitos contra la hacienda pública previstos en el art. 305 bis del Código Penal (CP), por la concurrencia de la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos”.
Más Madrid, que también ejerce la acusación popular, también ha pedido que la declaración se aplace. Coinciden en que hay indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio. Se refieren a la ampliación del delito fiscal, la falsedad documental y el delito contable.
aag