Juez ordena que Bolsonaro declare ante la policía por caos en sedes de Brasil el 8 de enero

Los ultraderechistas, que siguen al ex mandatario, realizaron protestas masivas en los edificios públicos.

El ex presidente brasileñoJair Bolsonaro. (Reuters)
Agencia AFP
Brasil /

Un juez del Supremo Tribunal Federal brasileño ordenó este viernes a la policía que convoque al ex presidente Jair Bolsonaro en un plazo de diez días para declarar en el marco de una investigación por el caos del 8 de enero en Brasilia por parte de miles de seguidores del ultraderechista.


"Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días", resolvió en su decisión el magistrado Alexandre de Moraes.

La policía no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro.

El ex presidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del STF, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.

El ex mandatario fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.

La fiscalía citó un video que el ex mandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de los ataques, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores y por los que hubo más de mil 800 detenidos.

Bolsonaro regresó a Brasil el 30 de marzo, tras haber dejado el país dos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.

El 5 de abril, tuvo que prestar declaración ante la policía federal, en la investigación abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.

El ex mandatario enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante el pleito electoral de 2022.


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