Un juez estadunidense ordenó el lunes a funcionarios del gobierno de Donald Trump que expliquen si el gobierno violó su orden cuando deportó a cientos de pandilleros venezolanos durante el fin de semana y potencialmente estableció un choque constitucional entre el presidente y el poder Judicial federal.
La Casa Blanca afirmó el domingo que los tribunales federales "no tienen jurisdicción" sobre la autoridad de Trump para expulsar a enemigos extranjeros bajo una ley del siglo XVIII utilizada históricamente solo en tiempos de guerra.
El juez James Boasberg en Washington fijó una audiencia para las 20:00 del lunes e instruyó al gobierno a proporcionar detalles sobre si los vuelos que transportaron a los venezolanos a El Salvador despegaron después de su orden o estaban en el aire en ese momento.
La audiencia se programó en respuesta a una solicitud presentada durante la noche por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros defensores que pedían claridad sobre los vuelos.
Los rápidos acontecimientos representan una posible escalada en el desafío de Trump al sistema de controles y equilibrios de la Constitución de Estados Unidos y la independencia del poder
Judicial del gobierno.
En una audiencia de emergencia el sábado solicitada por la ACLU, un grupo de derechos civiles, Boasberg emitió un bloqueo temporal de dos semanas sobre el uso de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, un grupo del crimen organizado de origen venezolano.
El juez dijo en la corte que cualquier vuelo que ya estuviera en ruta debería regresar a Estados Unidos. Su orden escrita tras la audiencia apareció en el expediente en línea de la corte a las 7:26 p.m, dijo el Departamento de Justicia en una presentación judicial.
El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en X imágenes en las que se veía a unos hombres siendo sacados de un avión en la oscuridad de la noche.
"Upsie... Demasiado tarde", escribió Bukele encima de una noticia sobre la orden del juez.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un comunicado el domingo en el que negaba que la administración hubiera violado la orden de Boasberg, al tiempo que cuestionaba su poder para emitirla.
"Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un avión (...) lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadunidense", dijo Leavitt.
"No vamos a parar"
Los vuelos sugieren que el gobiernp de Trump podría estar volviéndose más osado en su desafío a la restricción judicial. La Constitución de Estados Unidos estableció al Poder Judicial como una rama co-igual e independiente del gobierno.
Así llegaron los deportados:
Trump ha tratado de ampliar los límites del Ejecutivo desde que asumió el cargo en enero, recortando el gasto autorizado por el Congreso, desmantelando agencias y despidiendo a decenas de miles de trabajadores federales.
El lunes, el zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo que los vuelos ya estaban en el espacio aéreo internacional cuando llegaron las órdenes del juez y que continuarían más vuelos.
"Una vez que están fuera de la frontera, ya sabes, es lo que es. Pero están en aguas internacionales, ya de camino al sur, cerca de aterrizar. ¿Sabes qué? ... Hicimos lo que teníamos que hacer", dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News.
"Seguirán más vuelos":
Desde su perspectiva, el presidente "hizo exactamente lo correcto", y consideró que la "eliminación" de "terroristas" del país "debía ser una celebración".
A la pregunta de qué era lo siguiente, Homan respondió "Otro vuelo, otro vuelo cada día". "No vamos a parar. No me importa lo que piensen los jueces", añadió.
En su encuentro con la prensa Homan aseguró que no conocía cada uno de los casos de las personas que fueron deportadas, por lo que no podía corroborar que todos los expulsados del país fueran miembros del Tren de Aragua.
SNGZ