El gobierno y las autoridades judiciales españolas celebraron que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de Luxemburgo retiró la inmunidad al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a sus ex colaboradores Toni Comín y Clara Ponsatí, que huyeron tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena estaba a la espera de este fallo para proseguir con el procedimiento de extradición de los políticos independentistas (quienes son eurodiputados en la actualidad) que huyeron a Bruselas en 2017 y que hasta ahora se le ha atragantado.
Los tres están procesados por la justicia española por su participación en el intento separatista, que sumió al país en una de sus peores crisis políticas desde el fin de la dictadura franquista en 1975.
La sentencia se puede recurrir en los próximos dos meses, de hecho, la defensa de Puigdemont lo hará de inmediato, así lo anunció el propio ex presidente catalán, ahora convertido en eurodiputado por el partido Junts.
“Nada termina aquí, todo lo contrario. Todo sigue adelante. Presentaremos recurso al TJUE y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos”, escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter.
Aunque aseguró que han trabajado “duramente” para conseguir otra sentencia, también han preparado el camino en el caso de que el resultado fuera el que ha comunicado el TGUE.
“Y estamos preparados para seguirlo desde ahora mismo", ha recalcado Puigdemont, tras recordar que tienen dos meses para presentar el recurso ante la máxima instancia judicial europea, que después dispondrá de seis meses para tomar una decisión.
Sin embargo, avisó que con esta sentencia “la disidencia política está más amenazada en Europa”.
“Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrá, si esta sentencia no se revierte, más dificultades para ejercer sus derechos”, concluyó Puigdemont.
De esta manera, la situación vuelve al punto de partida anterior a que Puigdemont fuera elegido eurodiputado y se arriesgará a ser detenido si sale de Bélgica, como ya ocurrió en la primavera de 2018, cuando fue arrestado en Alemania mientras regresaba a Bélgica tras viajar a Finlandia.
El magistrado español esperará a leer la sentencia anunciada este miércoles, pero su intención es dictar nuevas euroórdenes por los delitos de malversación y desobediencia contra Puigdemont y Comín.
En tanto que la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró que “el Gobierno está muy satisfecho” con TGUE, al tiempo que pidió que Puigdemont se presente "ante la Justicia".
“Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia. Esa es su obligación como ciudadano”, expresó Llop y consideró que la decisión de la Justicia europea “es un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo”.
La ministra dejó claro que España “es un Estado de derecho”. Además reconoció el avance en el caso, al tiempo que criticó a la administración pasada.
“Y podemos decir que gracias a la actuación que ha tenido este gobierno la ley se cumple en Cataluña. Muy distinto de lo que ocurría hace cinco años cuando había un gobierno del PP, donde lo que encontrábamos era que los responsables huían de la acción de la Justicia”, aseveró.
- Te recomendamos Hombre atropella a delincuente tras robo en Ecuador; "quería darle un escarmiento" | VIDEO Internacional
Puigdemont y Comín estaban reclamados por sedición, pero la reciente reforma penal que ha derogado este delito ha hecho decaer esa parte del procesamiento. Pero el alto tribunal también es consciente de que la retirada de la inmunidad y la emisión de una nueva euroorden no implica una entrega automática de Puigdemont por parte de Bélgica, un país que siempre se ha mostrado reacio a entregar a los políticos catalanes reclamados por España.
Esta controvertida modificación emprendida por el gobierno del socialista Pedro Sánchez pretendía facilitar las relaciones con el separatismo catalán, del que uno de sus sectores suele dar apoyo parlamentario al ejecutivo progresista.
Tanto Puigdemont como Comín y Ponsatí tenían inmunidad parlamentaria desde mayo de 2022, cuando el TJUE aceptó devolvérselas de forma provisional al entender que corrían el riesgo de ser detenidos, tal y como le había ocurrido previamente a Puigdemont en Cerdeña, Italia, y en Alemania.
El gobierno regional secesionista que dirigía Puigdemont en Cataluña trató de separarse de España en 2017 con un referéndum de autodeterminación, prohibido por la justicia, al que después siguió una efímera declaración unilateral de independencia por parte del parlamento regional.
Madrid suspendió entonces la autonomía de esta rica región del noreste español, mientras los líderes independentistas eran arrestados o se marchaban al extranjero.
Nueve de ellos fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión en 2019, antes de que el gobierno de Sánchez les indultara en 2021.
- Te recomendamos Empleado de hotel 'decomisa' toallas con la que apartaban lugar en camastros de piscina | VIDEO Internacional
SNGZ