De cara a su lucha judicial en busca de que repitan el juicio en su contra, Keith Raniere, líder de la empresa de cursos de autoayuda NXIVM, alega contar con “evidencia recién descubierta” en la que acusa que “varios actores del gobierno (de Estados Unidos) estuvieron involucrados en actos delictivos” cuyo objetivo era privarlo “de sus derechos constitucionales y ganar deshonestamente una condena”.
Pidió al tribunal reparar “las ofensas” y de inicio le conceda una audiencia pública probatoria “para que los servidores públicos respondan preguntas pertinentes”. A inicios de mayo, Joseph Tully, abogado de Raniere, pidió el cambio del juez en el caso acusando a Nicholas Garaufis, de “falta de temperamento judicial y una hostilidad inequívoca y profundamente arraigada”. Desde su visión, “sólo un nuevo juez puede adjudicar de manera justa cualquier otro asunto en este caso sin estos sesgos y prejuicios preexistentes”.
Raniere redactó e ingresó la actual moción donde pide una audiencia y las que él considera pruebas a su favor, en el último día que podía hacerlo ya que la ley permite cualquier presentación de nueva evidencia sólo dentro de los tres años siguientes a un veredicto.
El 19 de junio del 2019 fue hallado culpable de crimen organizado, fraude electrónico, explotación sexual de una menor y conspiración de trabajo forzoso, entre otros cargos. "No hubo tiempo suficiente para que los asuntos de esta moción pasaran por el extenso y riguroso proceso de revisión del Sr. Tully”, justificó el líder sentenciado a 120 años de cárcel.
En el que parece su reclamo más serio, Raniere presentó tres informes de expertos informáticos que apegándose a la Regla 33, la cual especifica muchos casos de “reparación posterior a la condena” dicen haber concluido “con certeza científica que los actores gubernamentales crearon, destruyeron y cambiaron la evidencia digital utilizada para condenar al Sr. Raniere por posesión de pornografía infantil y explotación sexual de un niño”. Se refiere específicamente a las fotos de desnudos de la mexicana Camila que era menor de edad cuando inició relaciones sexuales con Raniere.
“Los expertos (informáticos) se sintieron perturbados por sus hallazgos que muestran una conducta ilegal por parte de los agentes del gobierno”, señaló el falso gurú quien siempre ha reclamado fallas en el debido proceso en la cadena de custodia de estas pruebas.
Desde su celda en la Penitenciaría Tucson en Arizona, Raniere pidió al Tribunal que examine a detalle estas cuestiones adicionales y determine que son sustanciales para concederle la audiencia y que así se determine, o no, la “actividad delictiva” de los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que lo investigaron.
Una segunda carga de pruebas presentadas por Raniere es un intercambio de correos entre el periodista Frank Parlato y el abogado Neil Glazer en los que discuten las polémicas discusiones de la fiscalía de no llevar a testificar a Camila, pese a que la fiscal Moira Kim Penza aceptaba que Camila “estaba en el corazón del caso”. Para Raniere resulta inexplicable que no lo hallan hecho siendo Camila y punto medular en los cargos que le aplicaron.
Y finalmente presentó ocho declaraciones juradas de presuntos testigos de la defensa, las cuales Raniere mostró como “nuevas evidencias” a su favor. Entre quienes enviaron cartas se hallan los mexicanos Samantha LeBaron y Eduardo Asúnsolo, así como de muchos seguidores y defensores de Raniere como Nicky Clyne, Suneel Chakravorty, Michele Hatchette, Danielle Roberts, Sahajo Haertel, Brian Elliot, Marc Elliot y el doctor Brandon Porter. El reclamo común de todos ellos es que los fiscales los mantuvieron presionados, amenazados o coaccionados infundiéndoles miedo como para tomar la silla de los testigos en el juicio en contra de Raniere.
Aunque se espera una respuesta pronta a esta nueva solicitud (en julio del 2020 le habían rechazado al neoyorquino una moción para repetir el juicio) ya el fiscal federal adjunto Kevin Trowel del Distrito Este de Nueva York habría considerado “frívolos” estos que Raniere califica como “inquietantes hallazgos sobre la mala conducta del gobierno”.
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