Los moscovitas llevan meses desconcertados por una avalancha de falsas alertas de bomba que obligan a evacuar los tribunales, los colegios y los centros comerciales, sin que las autoridades hayan logrado encontrar a los culpables.
Estas falsas amenazas han afectado a varias ciudades rusas, pero sobre todo a Moscú, con hasta mil alertas diarias.
En la capital rusa han obligado a evacuar a más de 1.6 millones de personas desde el 28 de noviembre, según la agencia de prensa privada Interfax, el único medio en dar una estimación oficiosa.
“Hemos dejado de contar cuántas veces ocurre”, afirma suspirando Yulia Olshanskaya, una funcionaria moscovita que asegura que en diciembre el colegio de su hija María fue evacuado “en ocasiones varias veces al día”.
“Esos días las clases se cancelaban y aplazaban, y también había evacuaciones”, cuenta su hija de 13 años.
Lo mismo le ocurrió a Yulia Grebenchenko, otra madre de Moscú. Su hija fue evacuada 13 veces desde el comienzo de diciembre pasado.
“Los padres han contratado a un adiestrador de perros para verificar la escuela más rápido porque nunca se sabe cuánto tiempo tardarán los equipos caninos de las autoridades”, indica.
El procedimiento es el mismo en cada alerta: correos electrónicos que indican la presencia de una bomba llegan a empresas y establecimientos públicos que por ley tienen la obligación de inspeccionar el lugar o evacuar. No se puede rastrear a los remitentes de los textos.
Solo el 5 de febrero, una fuente “informada” dio cuenta a Interfax de mil 500 lugares afectados en Moscú: la catedral de Cristo Salvador, unos treinta tribunales, 150 establecimientos educativos, 232 estaciones de metro, una quincena de centros médicos, 75 piscinas, alrededor de cincuenta centros comerciales...
“Acabo de perder varias horas de trabajo”, se queja Serguéi, un defensor de los derechos LGTB, el jueves delante del tribunal moscovita de Basmany, que acababa de ser evacuado.
El costo de las operaciones no se ha estimado, pero a la vista del alcance del fenómeno, probablemente sea considerable. En 2017, una ola de alertas de bomba, lanzada por teléfono, causó millones de euros de pérdidas, según altos cargos rusos.
Esta vez, las autoridades no dicen nada, o casi nada. A finales de enero unos comunicados de los servicios de seguridad, el FSB, y del gendarme de las telecomunicaciones, Roskomnadzor, anunciaron el bloqueo de dos servicios de correo electrónico encriptados con sede en el extranjero y usados para el envío de alertas falsas
Silencio e impotencia
No se ha informado de pistas o móviles, ni se ha mencionado a ningún sospechoso. Y no ha habido advertencias ni mensajes tranquilizadores para la opinión pública, a pesar de los trastornos en el funcionamiento de los servicios públicos.
Las grandes cadenas públicas rusas, por su parte, no informan sobre las evacuaciones. Una señal de que las autoridades están desamparadas, estiman varios expertos.
“Si las cadenas de televisión federales hablaran sobre ello, la falta de confianza en el gobierno sería todavía más fuerte”, asegura Valeri Chiriayev, un ex miembro del KGB convertido en especialista sobre asuntos militares en el periódico opositor Novaya Gazeta.
“Porque esta historia demuestra que el Estado es completamente impotente”, agrega el ex agente soviético.
Según reconoce la agencia de control de telecomunicaciones rusa, el bloqueo de mensajerías cifradas es de una utilidad muy limitada porque basta con cambiar de servicio o usar una VPN (red privada virtual) para evitarlo.
“Es posible que las tecnologías sean actualmente tan complejas y proporcionen a los delincuentes tantas herramientas que incluso los servicios de seguridad más modernos no puedan detenerlos”, analiza Chiriayev.
“Actualmente es un arma que solo se ha utilizado contra Rusia”, reconoce. “Pero hay que tener en mente que puede golpear a cualquiera”, advierte.