La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey de España Felipe VI, quedó absuelta de los delitos que le imputaba el sindicato Manos Limpias por el caos Nóos. Sin embargo, su marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de prisión y una multa de 512 mil euros, según la Audiencia Provincial de Palma.
El fiscal, Pedro Horrach, férreo defensor de Cristina en el juicio, se dijo “satisfecho” por la resolución judicial hacia la infanta, no así en el caso de Urdangarin, para el que pidió 19 años de cárcel. Adelantó que buscará que el cuñado del rey ingrese a prisión provisional previa.
Sin embargo, no existe un criterio único para decretar el ingreso de Urdangarin a prisión. En principio se dijo que si la condena era superior a seis años se haría efectiva, pero la decisión tendrá que ser valorada en función de varios conceptos como el riesgo de fuga o la existencia de otras causas pendientes. Además, se espera que Urdangarin solicite ser exonerado.
El colectivo Manos Limpias pedía ocho años de prisión para Cristina por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra hacienda y blanqueo de capitales, pero el tribunal le condenó solo como partícipe a título lucrativo y le solicitó un pago de 265 mil euros.
En 2015 la Audiencia le impuso una fianza de 587 mil 413 euros tras aceptar un recurso contra una petición anterior de mayor monto, por lo que su pena quedó saldada e incluso el Estado le devolverá 322 mil euros.
En tanto, el alto tribunal consideró a Urdangarin culpable de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos ilícitos penales contra la hacienda pública.
Según la Agencia Tributaria, la empresa Aizoon, propiedad de Cristina e Iñaki, habría ocultado a hacienda 326 mil 925 euros en las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2007 y 2008.
El debate procesal se centró en si la hermana de Felipe VI conocía y administraba esa sociedad matrimonial en la que figuraba su firma o simplemente confió en su marido.
El Instituto Nóos, creado por Urdangarin “sin ánimo de lucro” —según él—, y por su ex socio Diego Torres, recibió 2.5 millones de euros de las arcas de Islas Baleares, 3.5 millones de euros de Valencia y 114 mil del ayuntamiento de Madrid. A cambio, organizó foros sobre turismo y deporte y promovió la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016.
De acuerdo con la parte acusadora y a José Castro, juez del caso, Urdangarin aprovechó sus vínculos con la Casa Real para obtener dinero de diferentes gobiernos autonómicos. Según Torres, el rey Juan Carlos estaba enterado.
Según la investigación, Urdangarin y su socio utilizaron una estructura societaria instrumental para generar gastos ficticios.
La sentencia confirmó las condenas a prisión no sustituibles por multas a Urdangarin; a Torres, por ocho años y seis meses, y al ex presidente del gobierno de Baleares, Jaume Matas, por tres años y ocho meses.
El fallo se conoció seis años y medio después de que el juez comenzara a investigar la presunta trama, aunque el caso trascendió hace 11 años.
“RESPETO” DE LA CASA REAL AL FALLO
La Casa Real española manifestó su “máximo respeto” al fallo y no comentó si Cristina de Borbón debería o no renunciar a sus derechos dinásticos, ya que ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión a la Corona.
La renuncia es decisión de la infanta y no está en manos de Felipe VI, quien revocó a su hermana el título de duquesa de Palma que le concedió su padre cuando se casó con Iñaki Urdangarin, en 1997.
El portavoz del gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que la sentencia “demuestra que en España el estado de derecho funciona. Todo el mundo está sometido al imperio de la ley”.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), primero de la oposición, manifestó, a través de su eurodiputado Ramón Jáuregui, su “máximo respeto” por el fallo en un juicio que ha considerado “ejemplar”.
En nombre del tercer partido, el izquierdista Podemos, el diputado Juan Pedro Yllanes se mostró “conforme” con la sentencia porque es unánime.
En tanto, el secretario general de Ciudadanos (liberales), José Manuel Villegas, celebró que cualquier persona, sea quien sea, tenga que “rendir cuentas” en España.
Con información de: EFE/Madrid.