La policía chilena utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno contra estudiantes que se manifestaban en Santiago el 3 de junio, mientras miles de personas salían a las calles durante una huelga nacional contra el gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast.
Los estudiantes se concentraron en la Plaza Baquedano y marcharon por la Alameda pese a que las autoridades solo habían autorizado que la protesta comenzara más adelante en la ruta, lo que llevó a los Carabineros a intervenir para dispersar a la multitud.
Según medios locales, varias estaciones del metro fueron cerradas como consecuencia de los disturbios.
¿Por qué se manifiestan?
Al grito de "¡La educación pública se defiende!", miles de estudiantes marcharon por el centro de Santiago contra el plan de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast y los recortes anunciados en educación.
Se trata de la primera gran marcha convocada desde la llegada al poder del líder ultraderechista por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización estudiantil más importante del país y que aglutina a las principales universidades.
"Tenemos mucha incertidumbre. El Gobierno dice y se desdice muchas veces y creemos que para el segundo semestre la cosa va a estar complicada. La gratuidad en la educación superior fue un derecho conquistado con las movilizaciones de 2006 y 2011 y tenemos que defenderla", dijo a EFE Angy Morán, una de las voceras de la Confech.
La dirigente, estudiante de la Universidad Mayor, declaró que los recortes "no están justificados" y la situación económica de Chile "no es la misma que la de Argentina".
"Se ha demostrado que los recortes no dan resultado. La crisis económica que había antes de que llegase Milei al poder no se ha superado, todo lo contrario, se ha agravado", subrayó la vocera de la Confech, organización de hace una década y media lideró el expresidente Gabriel Boric, antecesor de Kast.
La marcha, que fue respaldada por otras organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) o la Coordinadora Feminista 8M, transcurrió con normalidad aunque el final se registraron choques entre los manifestantes y las fuerzas policiales.
"Solo de manera articulada vamos a poder hacer frente a los recortes de Kast", apuntó a EFE Laura Manzi, vocera de la Coordinador Feminista 8M.
Durante la protesta también se registraron consignas contra una controvertida ley impulsada por el Ejecutivo para combatir la violencia en las escuelas y aprobada el martes en el Parlamento, que permite la revisión de mochilas y contempla la prohibición de acceder a la educación gratuita universitaria durante cinco años para aquellos jóvenes que cometan delitos en las aulas.
"La educación es la base del desarrollo de un país", indicó por su parte a EFE Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, quien denunció que la nueva ley "no resuelve la causas de la violencia en las escuelas" y es "discriminatoria" porque castiga con más dureza a los estudiantes con menos ingresos que necesitan ayudas estatales para acceder a la universidad.
La llegada de Kast al poder
Kast, que llegó al poder el 11 de marzo con la promesa de recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses y mejorar las cuentas fiscales, ordenó un ambicioso plan de ajustes y recortes en la mayoría de los ministerios, equivalente a 2 mil millones de dólares.
El Ministerio de Salud es el más perjudicado, con un recorte de 435 mil millones de pesos (cerca de 486 millones de dólares al cambio de hoy), equivalente al 2.5 por ciento de su presupuesto, mientras que el ajuste en Educación alcanza los 197 mil millones de pesos (221 millones de dólares al cambio de hoy), lo que significa el 1.3 por ciento, según datos oficiales.
En su primer discurso ante el Parlamento, el gobernante aseguró que su política de austeridad y sus planes para reactivar el decaído crecimiento económico causarán "dolor", pero reiteró que las ayudas y los derechos sociales no se verán afectados y que los ajustes están dirigidos a mejorar la eficiencia de las distintas políticas y programas públicos.
LJ