El presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó este sábado estar preocupado por la represión policial sobre unos manifestantes en la provincia de Formosa (norte), quienes rechazaban volver a la fase más dura de aislamiento debido a la pandemia por la covid-19, ante la necesidad de seguir trabajando.
“Me preocupó mucho el nivel de violencia institucional que vimos ayer”, dijo Fernández al ser abordado por los medios al finalizar un acto de la industria vitinícola en la provincia de Mendoza. "Estamos conversando con el gobierno (de Formosa) y estamos viendo cómo avanza", agregó el mandatario.
La policía local de Formosa reprimió el viernes con dureza a manifestantes que protestaban en rechazo a volver a la fase más dura de aislamiento al registrar solo 17 casos de covid en la capital y también contra el gobernador Gildo Insfrán.
La represión con balas de goma, palazos y gases lacrimógenos derivó en decenas de manifestantes heridos y vecinos y periodistas detenidos. El gobierno peronista de Fernández, que asumió en 2019, es aliado del gobernador Insfrán, quien está a cargo del ejecutivo provincial desde 1995.
La administración de Fernández, a través de comunicados de la Secretaría de Derechos Humanos y la Jefatura de Gabinete, había reconocido ayer el uso desmedido de la violencia en Formosa, lo que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos internacionales.
La Secretaría de Derechos Humanos repudió la violencia ejercida por la policía provincial sobre los manifestantes e informó que "el Gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial".
En tanto, señaló que "la campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial", el "uso político" de la oposición, el "constante boicot" a las medidas sanitarias y "la violencia desmedida de algunos manifestantes" no justifican "el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta".
Críticas en la oposición y grupos de de derechos humanos
El director Ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, tuiteó luego que le preocupaba la "aparente incapacidad" de la Secretaría "para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente".
También la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta al obispo de Formosa, José Conejero Gallego, diciendo que "no puede aceptarse el ejercicio de cualquier forma de represión violenta contra ciudadanos que reclaman por la plena vigencia de sus derechos humanos y sociales".
En tanto, diputados de la coalición opositora Juntos por el Cambio anunciaron que viajarán mañana a Formosa "para acompañar el reclamo de los formoseños que quieren trabajar", según tuiteó la diputada Patricia Bullrich. "Hace un año viven encerrados. Insfrán es el modelo de tirano que avala el presidente", agregó Bullrich.
Denuncias contra el gobierno de Formosa
El gobierno de esta provincia ya había sido cuestionado por evitar el ingreso y egreso de personas de su territorio debido a la pandemia y por retener personas en centros de aislamiento que derivaron en denuncias en la Justicia y cuestionamientos de organismos de derechos humanos.
Esta vez la provincia había instaurado la vuelta al aislamiento social preventivo y obligatorio en la capital provincial hasta el 18 de marzo.
En respuesta, vecinos y comerciantes locales decidieron marchar hacia la casa de gobierno en protesta de la medida por la necesidad de seguir trabajando, pero los enfrentamientos con la policía derivaron en la dura represión de la policía y en 93 detenidos, según dijo ayer la jueza formoseña Karina Paz, al canal TN.
Luego de los disturbios, la tensión continuaba en la provincia y anoche vecinos y comerciantes se quedaron en la calle desafiando las medidas de aislamiento del gobernador Insfrán.
Hoy continuaron las manifestaciones y el vallado en la casa de Gobierno provincial . Desde el inicio de la pandemia, la provincia registra mil 337 casos, unos 220 por cada cien mil habitantes, según el Ministerio de Salud nacional.
dmr