La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) exhortó al Congreso de Argentina a aprobar el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto que el presidente Alberto Fernández se comprometió a impulsar.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró que "desde que el Senado argentino rechazó, por un pequeño margen, el proyecto de ley de 2018, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas".
Vivanco hizo el llamamiento a aprobar la interrupción legal del embarazo al presentar un extenso informe sobre el tema, en el que se analiza las consecuencias del fracaso hace casi dos años de aquel proyecto de ley y que documenta casos de mujeres y niñas que, desde entonces, se han enfrentado a una serie de barreras para acceder al aborto legal o a la atención médica posterior.
Entre los obstáculos detectados por la organización figuran límites arbitrarios basados en la edad gestacional, la falta de accesibilidad y disponibilidad de métodos abortivos y el temor a la persecución penal, así como la estigmatización y el maltrato por parte de profesionales de la salud.
El director regional de HRW advirtió además que la pandemia de coronavirus y el extenso confinamiento impuesto en la Argentina para evitar su propagación "han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva".
"Ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca", instó Vivanco.
Desde su campaña electoral, Fernández se pronunció a favor de la legalización del aborto y en junio pasado aseguró que el proyecto de ley estaba listo para ser enviado al Congreso, pero la pandemia de covid-19 demoró sus planes y aún no fue remitido al Parlamento.
El Ministerio de Salud, mientras tanto, actualizó el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo", que sin embargo no se aplica en todo el país de forma homogénea.
En Argentina actualmente sólo es legal el aborto en casos de violación y cuando la salud de la mujer está en riesgo. Según Human Rights Watch, el acceso al aborto legal y a la atención post-aborto depende, en gran medida, de dónde vive la persona gestante y de su situación socioeconómica.
"La ausencia de reglamentaciones claras y homogéneas, o su falta de implementación en todo el país, ha dado lugar a una multiplicidad de prácticas que perjudican de manera desproporcionada a las personas con recursos limitados o escaso acceso a información sobre sus derechos", advirtió la organización.
HRW subrayó en su informe que "Argentina debe despenalizar el aborto en todas las circunstancias y regularlo de un modo que respete plenamente la autonomía de las personas gestantes".
Instó asimismo a que se asegure el acceso al aborto legal y que los trabajadores de la salud no puedan invocar la objeción de conciencia para negarse a practicarlo en el sistema público si ello genera dificultades o demoras para acceder a los servicios de aborto legal.
HRW también denuncia situación de migrantes en Arabia Saudita
"Cientos si no miles" de inmigrantes africanos se encuentran desde hace meses en centros de detención en Arabia Saudí, donde sobreviven en condiciones "horribles no aptas para humanos", sin acceso adecuado a agua para lavarse y alimentados a base de pan racionado, según Human Rights Watch.
"Estamos hablando de gente apretada en una habitación sin acceso adecuado a colchones, ropa de cama, sábanas. Comida y agua, las personas me dijeron que comen tres trozos de pan al día, a veces acompañados de medio litro de agua", explicó este lunes la investigadora de Derechos de los Migrantes en HRW, Nadia Hardman.
Según Hardman, que habló directamente con varias de las víctimas, entre las que hay niños y mujeres embarazadas, éstas no cuentan con agua para lavarse, algunos tienen enfermedades en la piel, les pegan si se quejan de su situación y los inodoros están "rebosados".
"Algunas mujeres me dijeron que cuando llueve se quedan en una habitación sin un techo de verdad, de modo que el agua de las precipitaciones cayó e hizo salir los desechos de los inodoros, incluyendo gusanos que se deslizaban sobre ellos", contó.
Esta no es la primera vez que la organización por los derechos humanos documenta las pobres condiciones en campos de detención en el país árabe, pero alerta de que antes los migrantes eran deportados, algo que en este caso no ha ocurrido "probablemente" por la pandemia global del coronavirus.
Los centros están ubicados en la provincia de Yizan y en Yeda, tal y como comprobó HRW con imágenes de satélite, y muchos de sus ocupantes pertenecían a un grupo de "miles" de etíopes que hace cuatro meses fueron empujados por los rebeldes hutíes del Yemen hacia la frontera con Arabia Saudí.
De acuerdo con un informe sobre el incidente publicado hace dos semanas por la ONG, los hutíes mataron a "docenas" de inmigrantes etíopes al deportarlos a la divisoria, donde los guardafronteras saudíes también abrieron fuego y mataron a "docenas" más, mientras que muchos fueron detenidos por Riad.
Hardman pidió una investigación "inmediata" del incidente ocurrido en la frontera con el Yemen, así como la liberación de los detenidos, "especialmente aquellos que son más vulnerables".
El pasado año 138 mil personas, en su mayoría etíopes, cruzaron el Golfo de Adén con destino a Yemen, pese a la peligrosidad de llegar a un país en guerra civil, con el objetivo de buscar trabajo en otras naciones de la región, especialmente Arabia Saudí, a donde se dirigió el 90 % de ese flujo.
dmr