La justicia argentina amplió la nómina de ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri investigados por el supuesto contrabando de armas a Bolivia en medio de la crisis política que atravesó ese país hace dos años.
El fiscal Claudio Navas Rial imputó el lunes al ex jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, al ex canciller Jorge Faurie y al ex secretario de asuntos estratégicos Fulvio Pompeo, según la resolución publicada por el Ministerio Público Fiscal.
La justicia argentina investiga el envío irregular de distintas cantidades de cartuchos, gases lacrimógenos y granadas de gas a Bolivia para poner a disposición de la policía y Fuerza Aérea de ese país a los pocos días de la asunción de la presidenta interina Jeanine Áñez tras la salida de Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral.
En ese entonces, Bolivia se encontraba sumergida en una grave crisis política y social con violentas protestas callejeras a favor y en contra de Morales. El gobierno del conservador de Mauricio Macri fue uno de los primeros de la región en reconocer a Áñez.
El fiscal Navas Rial ya había imputado a mediados de julio al ex presidente Macri, a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, entre otros.
Según el funcionario judicial, la pesquisa permitió acceder a nuevas pruebas que darían cuenta de la supuesta participación de Peña, Faurie y Fulvio Pompeo "en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero". Peña fue una figura central durante los cuatro años de gobierno de Macri.
El presunto envío de armamento y municiones al vecino país fue revelado por el actual canciller boliviano Rogelio Mayta, quien presentó como prueba una supuesta carta de agradecimiento que le envió el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Terceros, al entonces embajador argentino en La Paz. Terceros denunció que la carta es falsa y que su firma fue adulterada.
El ex presidente Macri y los otros involucrados también negaron los cargos y argumentaron que la única acción que tuvo el gobierno argentino durante el conflicto en el vecino país fue ofrecer asilo en la embajada a funcionarios de Morales, familiares y periodistas argentinos asignados en ese país.
La administración de Alberto Fernández, afín ideológicamente a Morales y al actual mandatario boliviano Luis Arce, impulsó una denuncia penal en la justicia argentina contra su antecesor Macri por el presunto contrabando.
dmr