En vísperas de la difusión de la inflación de julio, que promete ser la tasa mensual más alta en 20 años, trabajadores precarios y desempleados pertenecientes a combativas organizaciones sociales realizaron un plantón en Buenos Aires en reclamo de mejores ingresos y ayudas estatales.
Miles de manifestantes se concentraron en distintas avenidas de la ciudad para dirigirse a la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno con el objetivo de reunirse con el ministro de Economía, Sergio Massa. El funcionario asumió hace una semana en un intento del presidente Alberto Fernández de enderezar la economía y combatir la suba de los precios —particularmente la de alimentos— que está agudizando la pobreza que ya afecta a cerca de 40 por ciento de la población de unos 47 millones de habitantes.
Como Massa no los recibió, las organizaciones sociales iniciaron al anochecer un piquete (plantón) frente a la Casa Rosada, en principio hasta el jueves a las 11:00 de la mañana.
Entre sus reclamos, las organizaciones sociales piden que el salario mínimo se eleve de los 45 mil 540 pesos actuales (154 dólares "blue", al cambio no oficial / 3 mil 085 pesos mexicanos) a 105 mil pesos (355 dólares "blue" / 7 mil 110 pesos mexicanos), el valor de una canasta básica para una familia tipo de cuatro integrantes y estimado para superar el umbral de pobreza.
Además solicitan un "bono o refuerzo de ingreso de 20 mil pesos (68 dólares "blue" / mil 360 pesos mexicanos) para jubilados, monotributistas, trabajadores precarizados desempleados y trabajadores que realizan tareas precarias en el sector informal y también para los que integran el sector formal de la economía que no llegan a fin de mes.
Consultoras económicas coinciden en señalar que la inflación de julio —que el jueves dará a conocer el gobierno— sería de en torno a 7 por ciento en comparación con el mes anterior. Según los últimos datos oficiales de junio, la suba de precios fue de 5.3 por ciento mientras que la tasa interanual escaló a 64 por ciento, lo que sitúa a Argentina como uno de los países con mayor inflación en el mundo, sólo por debajo de países como Sri Lanka, Turquía, Irán y Líbano.
Los integrantes de la Unidad Piquetera que integran las distintas organizaciones sociales exigen una rápida respuesta del ministro de Economía por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, tanto del sector informal como el de la economía formal. A primera hora los manifestantes, muchos de ellos acompañados con niños de corta edad, marcharon en fila y ordenadamente con pancartas del Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras agrupaciones.
Gabriela De la Rosa, del Polo Obrero y quien se juntó con otros compañeros en una avenida, dijo que está sufriendo la aceleración de los precios. "A pesar de que estamos en Argentina, dejé de comer carne roja (vacuna) como otras muchas personas... No es conveniente, es mejor la de pollo, y a veces la suprema de pollo, el corte más popular, lo cambiamos por fideos", dijo.
De la Rosa, de 32 años y quien trabaja en comedores populares que alimentan a personas de muy bajos ingresos, dijo que ha dejado prácticamente de comprar ropa en este invierno austral porque los precios se han ido por las nubes y usa algunas de su madre, como abrigos.
"También estoy restringiendo las salidas y me reúno con mis amigos en casas, capaz una vez al mes vamos a un boliche (antro)", agregó. Por el trabajo que realiza en el comedor en el marco de un programa de ayuda del gobierno, la mujer cobra 22 mil 700 pesos mensuales (unos 76 dólares blue / mil 520 pesos mexicanos), la mitad del salario mínimo.
Luego de que los líderes de las organizaciones regresaron de una reunión en el Ministerio de Economía con funcionarios de segunda línea, los manifestantes armaron varias decenas de carpas en la Plaza de Mayo para pasar la noche. El gobierno reconoce que la inflación de julio y agosto va a ser un "shock", pero destaca que la actividad económica ha mejorado.
La protesta cuestiona el "ajuste" que se perpetúa con el nuevo ministro de Economía por los aumentos de tarifas aprobados en el transporte público y en los servicios de gas y luz.
Los dirigentes de estas organizaciones sostienen que Massa mantiene las políticas atadas al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el gobierno refinancia una deuda de unos 45 mil millones de dólares que está conllevando una reducción del gasto público.
"El ministro (Massa) le ha hablado a los mercados, a los sectores de poder pero no ha tenido respuesta a los sectores populares de cómo paliar un proceso inflacionario que no se detiene", advirtió Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.
En una serie de tuits la noche del miércoles, Massa anunció que el aumento previsto para las jubilaciones será de 15.53 por ciento en septiembre, lo que se aplicará también en la asignación universal por hijo y por embarazo, dos de los numerosos subsidios y ayudas que otorga el Estado. Además el gobierno pagará un refuerzo de entre 4 mil y 7 mil peos (entre 13 y 23 dólares /entre 260 y 460 pesos mexicanos) durante tres meses para los que cobren de una a dos jubilaciones mínimas.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó la "voluntad de diálogo del gobierno para llegar a un acuerdo con todos los sectores" y señaló que "no descarta ninguna herramienta" para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, que son actualizados periódicamente a causa de la inflación en negociaciones con los sindicatos. No corren la misma suerte los argentinos que realizan tareas precarias y no gozan de los derechos laborales de los trabajadores del sector formal.
"Que el dólar esté tan alto nos genera inseguridad, inestabilidad como el mismo gobierno nos genera inestabilidad económica, en cuanto no saber cuánto va a costar un paquete de arroz de un día para otro. Algo tan sencillo como la leche, el pan, la carne no sabemos cuánto va a estar mañana", declaró Juan Soto, activista de 30 años del Movimiento Libres del Sur-Barrios de Pie.
Manuel Orellana, del Movimiento Socialista de los Trabajadores Teresa Vive, de 31 años, criticó las medidas del gobierno porque "demuestran que en el marco de la crisis social, económica y política que hay en el país, quieren que la fiesta de unos pocos la terminemos pagando los sectores populares y los trabajadores".
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