La ex presidenta de Bolivia, la derechista Jeanine Áñez, denunció este martes un "apuro" por sentenciarla en el juicio que se le sigue por el supuesto golpe contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales, y pidió consideración por su estado de salud.
"Entiendo yo el apuro que tendrán por sentenciarme, sin embargo, es poco considerado someterme a cansadoras horas, porque mi salud no lo permite", afirmó ante un tribunal la ex mandataria, en prisión preventiva desde marzo de 2021.
La fiscalía solicita 15 años de cárcel para Áñez por los presuntos delitos de resolución contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes cuando era senadora, antes de llegar a la presidencia interina.
Áñez, de 54 años, hizo su exposición durante una audiencia ante el Tribunal de Sentencia del departamento de La Paz, en la que sus abogados solicitaron sin suerte la cesación de la detención preventiva. El juicio había comenzado en febrero, pero tras varias interrupciones, se reanudó el lunes.
La ex mandataria interina explicó que en el primer día de las audiencias hizo esfuerzos para estar en buenas condiciones. Pero "no pude conseguirlo", afirmó. También explicó que consume "muchas píldoras" y "muchos medicamentos", sin detallar de qué tipo, y que por esas razones tiene "mucho sueño".
Según su familia la ex mandataria sufrió hipotermia el lunes, tras seis horas de audiencia. "Quieren sentenciar a mi madre lo antes posible", dijo su hija Carolina Ribera, quien teme que se dé un veredicto este viernes.
Áñez se infligió heridas propias en agosto pasado al padecer una "depresión severa" debido a su encarcelamiento, según su familia. Este martes se registraron pacíficas protestas callejeras en las afueras de un tribunal de sentencia para pedir la condena de Áñez.
La defensa de la ex mandataria arguye de manera reiterada que la justicia está supeditada a la presión política del gobierno del presidente Luis Arce, aliado de Morales. Áñez, finalista en 2021 del premio Sajarov, asumió la presidencia interina de Bolivia en 2019, en medio de una fuerte convulsión social.
Morales, que había asegurado haber ganado un cuarto mandato consecutivo como presidente, huyó del país en medio de protestas por un presunto fraude electoral. Las figuras legislativas que debían suceder a Morales —todos miembros de su partido MAS— también renunciaron. Así, Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, era la funcionaria de mayor rango restante.
En el arranque de su corta presidencia, choques entre civiles y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía dejaron 35 fallecidos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ese caso Áñez enfrenta cargos de "genocidio", y en otro juicio es acusada de sedición, terrorismo y conspiración.
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