La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el cierre de las elecciones generales de Nicaragua, realizadas el pasado 7 de noviembre e instó al Estado nicaragüense cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al gobierno.
"El Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales", señaló la instancia internacional.
De acuerdo con la comisión estos actos habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del gobierno, en los cuales por lo menos 23 personas fueron detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional.
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Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de gobierno, como forma de intimidación.
Del mismo modo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observó múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral, tales como la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, violando las leyes internas en la materia; y la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios.
En ese sentido, la CIDH expresó su preocupación por el discurso del presidente Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el día 8 de noviembre, en el que se refirió de forma "ofensiva e intimidante" a las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral.
"Este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal. Por lo que, autoridades del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los derechos humanos", expresó la Comisión.
Aunado a esto después de las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recibieron información sobre funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega.
Así como a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación, bajo amenaza de despido.
Ambas instancias destacaron que durante la jornada electoral detuvieron a un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta indeleble.
En particular, a los estudiantes de medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron despedidos.
DMZ