El magistrado Luis Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal de Brasil —la corte suprema del país—, suspendió todos los efectos de una normativa dictada por el gobierno de Jair Bolsonaro que negaba a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19.
Según esa normativa, exigir la vacunación supone una "práctica discriminatoria" equivalente a otras relativas a raza, edad, sexo o deficiencias, y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el gobierno no ha implantado la obligatoriedad de la inmunización.
Sin embargo, de acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, una persona no vacunada "puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores", representar "riesgos para el ambiente laboral y comprometer la salud de las personas que interactúan con empresas".
En su decisión, el magistrado puntualizó que "el país y el mundo enfrentan una pandemia de graves proporciones" y que "el covid-19 se ha mostrado altamente contagioso y es responsable, en Brasil, por una impresionante cifra que supera los 600 mil muertos".
En ese marco, subrayó que decisiones anteriores de la Corte Suprema ya han establecido que "los derechos individuales deben ceder frente al interés de la colectividad como un todo, en el sentido de la protección del derecho a la vida y la salud".
El Ministerio del Trabajo, responsable de la normativa, adelantó que pretende apelar ante el pleno del Supremo, alegando que aquellos ciudadanos que no han querido vacunarse contra el coronavirus "no pueden ser tratados por el resto de la sociedad como una especie de 'leprosos', que no pueden convivir en ambientes de trabajo".
El presidente Bolsonaro es uno de los mandatarios más escépticos frente a la gravedad de la covid-19, que ha llegado a tildar de "gripecita", y también ha mostrado una enorme desconfianza en las vacunas.
Recientemente, Bolsonaro llegó al extremo de asegurar que aquellas personas que han tomado las dos dosis de alguna vacuna se enfrentan ahora a un mayor riesgo de contraer VIH Sida, una afirmación que desató una ola de indignación y fue desmentida por todas las asociaciones médicas y científicas del país.
dmr