La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó que como resultado de los disturbios contra el gobierno en julio de 2021 fueron sancionadas 381 personas en junio, incluidos 16 jóvenes, y a 297 del total se les impuso sanciones de cárcel.
Este miércoles informó que 74 cubanos fueron condenados por los tribunales a penas de cárcel de hasta 18 años en tres provincias de la isla por su participación en acciones violentas durante las manifestaciones antigubernamentales del verano pasado.
La FGR dijo en un comunicado que esas sentencias fueron notificadas a los acusados entre el 16 y 21 de junio en las provincias occidentales de La Habana y Matanzas, así como en la oriental Santiago de Cuba, tomando en cuenta el grado de participación en los acontecimientos del 11 de julio de 2021, que se extendieron a una treintena de localidades del país.
En esos juicios “resultaron sancionados 74 acusados y en dos se dispuso su absolución. Las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 56, de ellos 22 con penas de hasta 10 años, 30 entre 11 y 15 años, y cuatro entre 16 y 18 años de privación de libertad, por los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato”, puntualizó la FGR cubana, y agregó que respecto a 18 acusados las “sanciones privativas de libertad se subsidiaron por trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad, que incluye a 12 jóvenes de entre 16 y 18 años de edad”.
La fiscalía dijo además que “el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por los tribunales en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo conlleva a la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad".
Durante las manifestaciones del 11 y 12 de julio pasado se registraron asaltos a comercios y unidades móviles de la policía, así como enfrentamientos callejeros entre partidarios y contrario al gobierno, con el saldo de un muerto y al menos una decena de heridos.
La semana pasada, la administración de Joe Biden prohibió la entrada a Estados Unidos de cinco jueces cubanos que a los que no identificó, por su participación en los juicios, que Washington considera “injustos”. Por su parte, el gobierno cubano ha reiterado que las personas procesadas incurrieron en delitos penados por las leyes de la isla y no por sus opiniones políticas.
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