El gobierno de Cuba aseguró este martes que las restricciones de visado de Estados Unidos contra nueve funcionarios cubanos vinculados a la represión de la marcha del 15 de noviembre "no alteran" su determinación de "rechazar la injerencia extranjera".
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó en Twitter de "hostil" la decisión contra esos funcionarios que, según Washington, trataron de "silenciar las voces del pueblo cubano" mediante "la represión y detenciones injustas" en la frustrada marcha opositora del 15 de noviembre.
"Estados Unidos persiste en el error de suponer que nuestro gobierno le permitiría provocar la desestabilización social en Cuba", replicó el canciller cubano ante el comunicado, firmado este martes por el secretario de Estado, Antony Blinken. Bruno Rodríguez añadió que "es un derecho y un deber" de su país "salvaguardar las prerrogativas soberanas y rechazar la injerencia extranjera".
El comunicado estadunidense asegura que entre los sancionados figuran "altos cargos" del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, pero no detalla su identidad.
"Hoy, el Departamento de Estado, ha impuesto restricciones de visa a nueve funcionarios del gobierno cubano penalizando a quienes socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad. Apoyamos al pueblo cubano en su lucha por las libertades fundamentales", aseguró Blinken en su cuenta de Twitter.
Las autoridades cubanas "revocaron las credenciales de periodistas para suprimir la libertad de prensa" y "detuvieron arbitrariamente a ciudadanos cubanos que trataron de manifestarse de manera pacífica", agrega el comunicado.
Las autoridades cubanas revocaron las acreditaciones de cinco periodistas de la agencia EFE poco antes del 15 de noviembre, para restituir poco después dos de ellas.
Comunicaron además al gobierno español su intención de devolver otras dos a partir del 28 de noviembre y entregarle al nuevo responsable de la delegación su visado de prensa, solicitado en septiembre. Por el momento esto no ha sucedido.
El gobierno cubano, que no autorizó la marcha del 15 de noviembre, desactivó la protesta con un inusual despliegue policial en las principales ciudades, mítines de repudio, detenciones de opositores y bloqueos en las casas de activistas y periodistas independientes.
Asimismo, vinculó a los promotores de la marcha con "cabecillas contrarrevolucionarios" de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un "cambio de régimen" y una "intervención militar".
dmr