El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, impuso este martes un veto parcial a la ley que regula el aborto en casos de violación, recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, tras una sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción del embarazo para mujeres violadas.
Lasso, de tendencia conservadora, confirmó en una carta publicada en redes sociales su postura ya anticipada en días anteriores de no promulgar la norma en el Registro Oficial, al mostrarse disconforme con los plazos de acceso al aborto y considerar que no abordaba todas las aristas reclamadas por la Corte Constitucional en su fallo.
Entre las 61 observaciones que Lasso presentará al Legislativo en un nuevo texto, este unificará en doce semanas el tiempo máximo legal para interrumpir el embarazo en caso de violación y desarrollará aspectos como los requisitos para acceder al aborto y las condiciones para la objeción de conciencia del personal médico.
Así, elimina la excepción de dieciocho semanas contemplada por la Asamblea para niñas, adolescentes, indígenas y otras mujeres del área rural. Históricamente en Ecuador el aborto ha estado penalizado con la cárcel, con la salvedad de que un médico lo practique para salvar la vida de una gestante o en caso de violación de una persona con discapacidad mental.
Esto cambió con la sentencia dictada por la Corte Constitucional el 29 de abril de 2021 que despenalizaba el aborto para cualquier mujer violada y encomendaba a la Asamblea la tarea de elaborar una regulación para su procedimiento en las instituciones públicas y privadas de salud.
Con el veto parcial, ahora el presidente tiene que remitir un texto alternativo a la Asamblea, y esta puede aprobarlo con mayoría simple o ratificarse en el texto original, para los que se requiere dos terceras partes de la cámara, es decir 92 votos.
Antes de que se oficializase el veto de Lasso, las organizaciones y colectivos feministas de Ecuador ya anticiparon que seguirán su batalla legal para que entre en vigor la ley.
RM