Un tribunal de casación de Argentina confirmó el proceso contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa por el presunto uso irregular de aviones oficiales en su periodo como mandataria entre 2007 y 2015, informaron fuentes jurídicas.
En concreto, la sala uno de la Cámara Criminal y Correccional Federal reafirmó la acusación que había hecho un juzgado inferior, que la consideró responsable del delito de peculado (malversación de activos públicos), por presuntamente usar aviones oficiales para trasladar muebles para equipar alguno de los hoteles de la familia Kirchner en la turística localidad sureña de El Calafate.
Si bien en noviembre de 2019 la misma cámara ya había confirmado el procesamiento, el 26 de mayo de este año la Cámara Federal de Casación Penal dispuso anularlo con el fin de que se dictara un nuevo pronunciamiento del tribunal.
El fallo conocido hoy fue aprobado por mayoría por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que, a su vez, como ya ocurrió en la instancia anterior, excluyeron como delito el hecho de que se usaran los aviones para trasladar diarios —al considerar que eran elementos vinculados a sus funciones como jefa de Estado—, y ratificaron la falta de mérito en la causa del entonces secretario de la Presidencia y hoy senador Oscar Parrilli.
El tercer juez del tribunal, Mariano Llorens, había sugerido que se analice si debería abrirse un juicio político contra la vicepresidenta, que es la titular del Senado, a fines de que sea detenida, una posición que no salió adelante.
¿Por qué suma Cristina Kirchner una nueva acusación?
En marzo de 2019, el juez de primera instancia Claudio Bonadío —que falleció en febrero de 2020— había procesado a Fernández y Parrilli por el presunto uso de los aviones presidenciales para llevar los periódicos a la ex mandataria y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner cuando estos se encontraban en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.
También habían sido acusados de haber usado el avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles y otros objetos cuyo presunto destino final era alguno de los hoteles en El Calafate propiedad de los Kirchner.
La confirmación de este procesamiento, que se suma a otras causas abiertas contra la ex presidenta, se produce en la recta final del hasta ahora único juicio en marcha que Fernández enfrenta por presunta corrupción durante su mandato presidencial, en el que el fiscal ha pedido contra ella 12 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
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